La ministra de Salud, May Chomali, expresó “bastante preocupación” y tomó distancia de la propuesta impulsada por el Gobierno que busca obligar a instituciones de salud y educación a entregar información sobre migrantes irregulares a las autoridades migratorias.
En declaraciones a Radio 13C, la secretaria de Estado reconoció que desde el Ministerio de Salud observan la iniciativa “con bastante preocupación”, argumentando que existen límites legales respecto al manejo de datos obtenidos durante atenciones médicas.
La polémica surgió luego de que el Ejecutivo ingresara una indicación al proyecto que modifica el procedimiento de expulsiones administrativas, estableciendo que organismos públicos y privados de salud, educación y previsión deberán entregar antecedentes personales de extranjeros con procesos migratorios en curso.
Frente a ello, Chomali sostuvo que “no podemos desde el Ministerio de Salud informar de esos temas”, enfatizando que la información entregada por pacientes está protegida tanto por el Código Sanitario como por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.
Según informa el sitio Aquí y Ahora, la ministra además aseguró que la cartera no puede negar prestaciones médicas por condición migratoria, advirtiendo incluso eventuales riesgos sanitarios. Como ejemplo, relató el caso de un migrante con tuberculosis tratado recientemente en Azapa, señalando que dejarlo sin atención habría significado un riesgo de contagio para otras personas.
Pese a sus reparos, Chomali indicó que el tema seguirá siendo discutido al interior del Ejecutivo y confirmó que ya ha sido abordado en comités ministeriales. “Vamos a revisarlo con ellos para ver cómo se alinea esto con otras políticas que hemos estado discutiendo dentro del propio Gobierno”, afirmó.
Desde Interior, en tanto, el subsecretario Máximo Pavez defendió la iniciativa y aseguró que no se busca vulnerar derechos de los pacientes, sino facilitar la obtención de información para ejecutar procedimientos migratorios y expulsiones administrativas.
El debate abrió nuevas tensiones dentro del Gobierno del presidente José Antonio Kast, en medio de su agenda de endurecimiento migratorio y del impulso a medidas para acelerar expulsiones de extranjeros en situación irregular.
