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Senadores de Comisión de Economía llaman al Gobierno a transparentar cifras y abrir diálogo por proyecto de apuestas online

El programa de reciclaje orgánico desarrollado en Concón, con financiamiento de Enap y la participación de establecimientos gastronómicos y hoteleros…

Los equipos intervinieron el sector adyacente a la planta y al emisario, sumándose a una jornada territorial que permitió retirar más de una tonelada de residuos en la bahía de Quintero y Puchuncaví.

Los senadores integrantes de la Comisión de Economía del Senado manifiestaron su preocupación por la forma en que el Gobierno está impulsando el proyecto que regula las plataformas de apuestas online, advirtiendo que la discusión no puede reducirse únicamente a una estimación de recaudación fiscal.

Los parlamentarios señalaron que, pese a que el Ejecutivo anunció una eventual recaudación cercana a los 300 millones de dólares, hasta ahora no ha existido una instancia formal de diálogo técnico ni político con la Comisión de Economía del Senado, donde actualmente se tramita la iniciativa en segundo trámite constitucional y con cerca de 477 indicaciones pendientes.

Asimismo, indicaron que las proyecciones entregadas por el Gobierno difieren de informes financieros previos, los que estimaban una recaudación de entre 80 y 180 millones de dólares.

Los senadores enfatizaron que el debate sobre las plataformas de apuestas online debe considerar no solo aspectos tributarios, sino también el impacto social y de salud pública asociado al crecimiento de esta industria.

En esa línea, advirtieron sobre los riesgos de ludopatía, especialmente en jóvenes, además de la necesidad de fortalecer la fiscalización, transparentar el origen de las inversiones y prevenir delitos como el lavado de dinero y posibles conflictos de interés.

Los parlamentarios también cuestionaron que el Ejecutivo haya instalado el debate principalmente a través de declaraciones públicas, sin una estrategia legislativa clara ni trabajo prelegislativo con el Senado.

Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno y al Ministerio de Hacienda a transparentar los cálculos de recaudación, conformar una mesa técnica de trabajo y avanzar en una regulación integral que permita recaudar de manera eficiente, pero también proteger la salud mental, la transparencia y la fe pública.

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