Vecinos y vecinas de Cerrillos, en el sector Pan de Azúcar de Coquimbo, denuncian vivir una situación desesperante tras el colapso de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, cuyos desechos llevan meses afectando directamente a más de 77 familias del lugar. La comunidad acusa abandono y falta de respuestas por parte de las autoridades, pese a las reiteradas advertencias realizadas durante este tiempo.
La diputada Nathalie Castillo llegó hasta el sector para constatar en terreno el grave escenario sanitario que enfrentan las familias, entre ellas adultos mayores, niños y niñas, quienes conviven diariamente con aguas servidas y desechos acumulados a metros de sus viviendas, formando incluso una especie de “río” de excremento que atraviesa parte del sector.
La parlamentaria, que viene realizando seguimiento al caso desde hace al menos dos meses, calificó la situación como “un grave riesgo sanitario, ambiental y también emocional para los vecinos y vecinas.
Esto no puede seguir avanzando. Creemos que tiene que haber un freno y, por eso, presentaremos un recurso de protección en favor de las comunidades, contra el Estado, porque no puede ser que lleven meses viviendo bajo estas condiciones de insalubridad”.
Wilson Rojas, vecino del sector, aseguró que el problema “está afectando a una población completa”. Además, advirtió que los niños ya no pueden practicar deporte con seguridad en la cancha de fútbol cercana. “Esto es un problema de salud, de contaminación. Pedimos una pronta solución. El Estado tiene que protegernos y entregarnos seguridad”, afirmó.
Por su parte, Kenia Arancibia señaló que esta problemática se arrastra desde hace años y recordó que el primer colapso de la planta ocurrió antes de la pandemia. Asimismo, manifestó su preocupación ante posibles lluvias que podrían agravar aún más la emergencia sanitaria. “Esto es de extrema urgencia”, sostuvo, criticando además la falta de gestión de las autoridades frente al problema.
“Hemos realizado diversas acciones junto a la concejala Sonia Elgueda, pero no hay respuesta. El Estado tiene que hacerse cargo. Este recurso de protección busca colaborar y contribuir a que las personas puedan vivir en un medioambiente libre de contaminación y sin poner en riesgo su salud”, cerró la diputada Castillo.
