– La propuesta contó con respaldo unánime de la instancia e introduce una reforma estructural al Código de Aguas, dando certeza jurídica a usuarios del mundo agrícola y de Agua Potable Rural.
Un llamado a la Mesa de la Cámara Baja para poner en Tabla el proyecto de ley que busca prorrogar el plazo para regularizar e inscribir derechos de aprovechamiento de aguas, a fin de acelerar su tramitación, realizaron los diputados Republicanos Sebastián Cristoffanini, Cristián Menchaca y Daniel Bustos.
La iniciativa fue aprobada de forma unánime por la Comisión de Recursos Hídricos, ampliando el plazo de cinco a diez años contemplado en la Ley 21.435, es decir hasta el 6 de abril de 2032.
La fecha original de la norma -que vence el 6 de abril de 2027- tuvo como finalidad permitir una transición gradual hacia el nuevo régimen jurídico, otorgando certeza a los usuarios del recurso hídrico y facilitando la implementación progresiva de las nuevas exigencias legales.
Sin embargo, la magnitud de los cambios introducidos por la reforma, junto con las limitaciones técnicas, administrativas y económicas que enfrentan numerosos usuarios del sistema, han generado dificultades relevantes en la ejecución de los procesos de regularización, particularmente en territorios rurales y zonas afectadas por escasez hídrica.
Junto con agradecer el respaldo transversal a la propuesta legal, el diputado Daniel Bustos -que preside la Comisión de Recursos Hídricos- recordó que la implementación de la reforma al Código de Aguas “ha evidenciado que un número significativo de usuarios aún no ha logrado completar los procedimientos de regularización exigidos por la normativa vigente”.
“Entre los factores que explican esta situación se encuentran la complejidad técnica de los procedimientos, donde los procesos de regularización requieren estudios hidrológicos, levantamiento de antecedentes históricos y tramitación administrativa ante la Dirección General de Aguas, lo que implica costos y tiempos significativos para los usuarios. La prórroga responde también al volumen de solicitudes y la necesidad de fortalecer capacidades técnicas en los organismos competentes que han generado retrasos en la tramitación de expedientes y en la resolución de solicitudes”, agregó el legislador por la Región del Maule.
En tanto, el parlamentario Sebastián Cristoffanini subrayó que los pequeños agricultores, comunidades rurales, sistemas de Agua Potable Rural (APR) y organizaciones de usuarios “enfrentan mayores dificultades para cumplir con los requisitos legales, especialmente en regiones afectadas por escasez hídrica estructural”.
“La mantención del plazo vigente, sin una prórroga razonable, podría generar efectos adversos relevantes, tales como la pérdida de derechos de aprovechamiento de aguas por razones administrativas, la inseguridad jurídica en el uso del recurso hídrico, la afectación de actividades productivas esenciales y el debilitamiento de la implementación efectiva de la reforma legal vigente”, añadió el Republicano por la Región de O’Higgins.
Finalmente, El diputado Cristián Menchaca reiteró la necesidad de que el proyecto se pueda “votar a la brevedad en Sala, a fin de dar al mundo del campo la seguridad jurídica para que los cambios normativos se implementen de manera gradual y razonable, evitando afectar derechos adquiridos o generar incertidumbre en los usuarios del sistema”.
“La prórroga del plazo constituye una medida proporcional que permite consolidar la reforma legal, sin generar efectos negativos en los usuarios del recurso hídrico. La política pública en materia de recursos hídricos ha evolucionado hacia un modelo de gestión sostenible, que busca equilibrar el uso productivo del agua con la protección ambiental y la seguridad hídrica de la población, por lo que la adecuada regularización de derechos de aprovechamiento de aguas es un elemento esencial para la implementación de este modelo”, cerró el parlamentario por la Región del Maule.
