Diputadas y diputados de los comités del Frente Amplio, el Partido Comunista e independientes, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia e independientes y el Partido de la Gente presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra disposiciones del proyecto de ley Escuelas Protegidas, aprobado el pasado martes.
El requerimiento, impulsado por el Frente Amplio, impugna cuatro normas concretas que vulneran derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes garantizados por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por Chile, como la igualdad ante la ley, el debido proceso, la protección de la vida privada, la libertad personal y la reserva legal para restringir derechos fundamentales, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entre los artículos impugnados se encuentra la autorización a los establecimientos educacionales a revisar mochilas, bolsos y efectos personales de estudiantes mediante sus propios reglamentos internos, sin que la ley fije criterios claros de procedencia, tiempo máximo de retención ni garantías mínimas de defensa.
En segundo lugar, se cuestiona la norma que faculta a Carabineros y la PDI para registrar vestimentas y pertenencias de estudiantes al interior de los colegios sin orden de un fiscal, lo que sería equivalente, en la práctica, a extender el control preventivo de identidad a menores de edad sin los resguardos que el ordenamiento jurídico exige incluso en el caso de adultos.
Asimismo, se impugna la obligación de prohibir vestimentas o accesorios que “promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley” debido a su amplitud e indeterminación, lo que abriría espacio a restricciones arbitrarias sobre la libertad de expresión, la libertad de conciencia y el derecho de reunión de los estudiantes.
Finalmente, se cuestiona la inhabilidad de cinco años para acceder o mantener el beneficio de gratuidad en educación superior aplicable a personas condenadas por ciertos delitos, medida que constituiría una doble sanción, generando discriminación socioeconómica, ya que afectaría solo a quienes no pueden costear sus estudios, yendo en contra al derecho a la educación.
