El parlamentario gremialista exigió antecedentes detallados sobre la emisión errónea de documentos de identidad por parte del Registro Civil, advirtiendo que se trata de un hecho grave que compromete la confianza pública, la seguridad administrativa del Estado y el correcto control migratorio.
El diputado de la UDI, Daniel Lilayu, informó que ofició al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para solicitar todos los antecedentes relacionados con la entrega errónea de cédulas de identidad a ciudadanos extranjeros que no contaban con residencia definitiva en Chile, hecho reconocido por el propio Servicio de Registro Civil e Identificación.
Según los antecedentes conocidos, durante más de seis meses entre los años 2024 y 2025 se emitieron documentos de identidad que consignaban residencia definitiva a personas que mantenían únicamente residencia temporal en el país, situación que ha generado preocupación por sus implicancias para la seguridad institucional, la confianza pública y el adecuado control migratorio.
Al respecto, el parlamentario gremialista señaló que “los chilenos tienen derecho a saber qué ocurrió, cuántas personas fueron beneficiadas con estos documentos y por qué los mecanismos de control no detectaron oportunamente una situación de esta gravedad”.
Lilayu sostuvo que si bien el Registro Civil atribuyó el problema a dificultades asociadas a la implementación de un nuevo software y anunció el bloqueo de las cédulas identificadas, resulta indispensable determinar las responsabilidades administrativas y técnicas que permitieron que esta situación se extendiera por varios meses.
“No basta con señalar que hubo una falla informática. Es fundamental establecer cuándo se detectó el problema, quiénes estaban al tanto, qué controles fallaron y por qué el error permaneció activo durante tanto tiempo sin ser corregido”, afirmó.
A través del oficio enviado al Ministerio de Justicia, el legislador solicitó información detallada sobre el número exacto de documentos emitidos erróneamente, las regiones donde se registraron los casos y los mecanismos de coordinación existentes entre el Registro Civil y el Servicio Nacional de Migraciones para validar la situación migratoria de quienes solicitan documentos de identidad.
Asimismo, requirió antecedentes sobre el estado de los sumarios administrativos anunciados, la eventual existencia de funcionarios responsables y las medidas disciplinarias que podrían adoptarse una vez concluidas las investigaciones.
El parlamentario también pidió esclarecer si estas cédulas alcanzaron a ser utilizadas para realizar trámites bancarios, laborales, previsionales, de salud o para acceder a beneficios estatales que requerían una situación migratoria distinta. En ese contexto, solicitó información respecto de cuántas personas utilizaron dichos documentos antes de que fueran bloqueados y si existió algún perjuicio económico o administrativo para el Estado.
“Estamos frente a un hecho que podría haber tenido consecuencias relevantes en distintos ámbitos. Por eso es necesario conocer el impacto real de estas cédulas y determinar si existió acceso indebido a beneficios públicos o costos fiscales derivados de este error”, indicó.
Junto con ello, Lilayu requirió conocer el plan de medidas correctivas que implementará el Gobierno para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir, incluyendo auditorías internas o externas al sistema informático, nuevos protocolos de validación y mayores controles de verificación migratoria.
Finalmente, el diputado Daniel Lilayu señaló que continuará monitoreando el desarrollo de las investigaciones y no descartó impulsar nuevas acciones de fiscalización en la Cámara de Diputadas y Diputados una vez que se conozcan las respuestas solicitadas.
“La correcta identificación de las personas y el resguardo de los registros del Estado son materias fundamentales para la seguridad institucional del país. Esperamos respuestas claras, oportunas y transparentes por parte de las autoridades competentes”, concluyó.
