Los hechos ocurrieron en 2018, cuando el exdirectivo fraguó un esquema para defraudar al Fisco, creando un equipo de supuestos expertos paralelo al ya existente, que encabezaban dos cercanos al él y cuyos integrantes recibían cuantiosos honorarios.
El Fiscal de la Fiscalía de Investigación Especializada (FIE) Occidente, Carlos Eltit, obtuvo el miércoles 03 junio una sentencia condenatoria contra tres imputados por un millonario fraude ocurrido en 2018, durante el proceso de construcción del nuevo Hospital San Luis de Buin, ubicado en la comuna de Paine.
Los tres acusados fueron condenados por los delitos de fraude al Fisco, cohecho (en el caso del funcionario público involucrado) y soborno (respecto de los dos particulares).
El juicio oral se realizó en el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago entre el 28 de abril y el 19 de mayo. Los acusados eran el exjefe de Finanzas de la División de Inversiones del Ministerio de Salud, Mauricio Álvarez García, y una pareja de profesionales particulares, quienes fueron contratados por Álvarez para supuestamente “asesorar” al Minsal en un nuevo diseño del recinto hospitalario, y reclutar a un grupo de asesores, a cambio del pago de un porcentaje de los honorarios que les cancelaba el respectivo Servicio de Salud, entidad que administraba los recursos del proyecto.
La historia de la causa
En el año 2018, se adoptó la decisión de modificar el modelo de financiamiento y/o inversión en el área de la construcción de hospitales transitando desde un sistema de construcción de obras propias a uno de alianza público-privada. Esta nueva política de construcción impactó en el proyecto de reposición del Hospital de Buin, definiéndose un financiamiento sectorial con fondos provenientes desde el Ministerio de Salud, decisión adoptada por el imputado Álvarez García. Esto, aprovechando un monto de inversión ya aprobado por $ 1.300 millones para dicho proyecto, el que, además, ya contaba con un prediseño autorizado.
A raíz de esto, Álvarez informa al respectivo Servicio de Salud la incorporación al proyecto de un equipo revisor externo. Es ahí cuando ingresan a la trama los otros dos acusados en esta causa: Pía González González, arquitecta, y su pareja Marcos Pozo Reyes, el que se presentaba como constructor. Ambos eran vecinos de Álvarez en la comuna de Buin, y, de hecho, habían estado a cargo de la construcción de su casa en la parcela en que vivía.
A González y Pozo, quienes no contaban con experiencia en el área de construcción de hospitales, Álvarez les propone presentar a la arquitecta como coordinadora del equipo de profesionales externos ante el Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), con la finalidad de ser contratada, junto a otros profesionales que debían contactar tanto González como Pozo. Esto, con el fin de conformar un equipo externo de revisión del anteproyecto de diseño recinto hospitalario, solicitándoles, a cambio la entrega de un beneficio económico que ascendía al 10% de la suma total que se les pagaría a los asesores externos.
A partir de ahí, Álvarez le da a González un rol a cargo de 18 profesionales y técnicos, todos reclutados por la pareja, quienes integrarían dicho equipo y cuyo costo de honorarios se fija en $ 400 millones. González y Pozo, por su parte les exigieron a los profesionales y técnicos, para acceder a ser contratados, que debían contribuir con parte de sus honorarios mensuales consistente en un 10%, a fin de solventar supuestos gastos operacionales para el funcionamiento del equipo externo
De esta forma, Álvarez, junto con González y Pozo, defraudaron al Fisco, provocando un perjuicio cercano a los $ 260 millones. La suma corresponde a los pagos que se alcanzaron a realizar antes de que, por diferencias internas entre los acusados, se diera término a la relación entre ellos.
Juicio oral
Durante las audiencias de juicio oral, el Fiscal Eltit presentó los testimonios de funcionarios del Servicio de Salud de la época, incluyendo a los integrantes del equipo de Arquitectura de dicho servicio, así como del fiscal que estuvo a cargo de la investigación administrativa, quien dio cuenta de las conversaciones vía mensajería entre Álvarez y Pozo. Junto con ello, entregaron su declaración ante el TOP los funcionarios de la Brigada Investigativa Anticorrupción (BRIAC), de la PDI, quienes realizaron las diligencias instruidas por el Ministerio Público en este caso. Asimismo, se dio cuenta de numerosa prueba documental, que incorporó correos electrónicos entre los imputados, así como comprobantes de transferencias.
Fue querellante en la causa el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Tras escuchar a la Fiscalía, el querellante y a las defensas de los acusados, el Tribunal indicó en su sentencia que “los servicios prestados por este equipo revisor no resultaron útiles al anteproyecto”.
Pero no solo eso, sino que además los servicios que realizó este equipo para la construcción del Hospital de Paine finalmente “no fueron útiles para el avance del anteproyecto”, dictaminó.
“Dichos servicios externos de revisión no resultaban pertinentes, oportunos ni provechosos, siendo además evacuados por profesionales o técnicos que no contaban con experiencia en el área de construcción de hospitales”.
Las condenas y la millonaria demanda civil
El TOP condenó al exjefe de Finanzas de la División de Inversiones del Ministerio de Salud, Mauricio Álvarez, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo por fraude al fisco y cohecho, debiendo pagar, además, una multa cercana a los $ 26 millones. No existiendo ningún abono que considerar, la pena del exdirectivo del Minsal será de cumplimiento efectivo.
González y Pozo fueron absueltos de ser autores de fraude al Fisco, pero sí fueron condenados como autores del delito de soborno. Deberán cumplir con una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, la pena accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos por 540 días y una multa de $10 millones al Fisco.
A Álvarez y González, además, fueron condenados a pagar las costas del juicio.
En la misma sentencia, el Tribunal resolvió acoger una demanda civil contra Álvarez por la suma de $ 259.802.566 por concepto de indemnización del daño material causado al Fisco de Chile, representado por el CDE, en relación con el delito de Fraude al Fisco acreditado en la sentencia. Dicha suma deberá reajustarse conforme a la variación del IPC. desde el 12 de octubre de 2018 hasta la fecha del su pago efectivo.
