El Proyecto busca que trabajadores y trabajadoras de menores ingresos puedan acceder al teletrabajo cuando los costos de traslado representen una carga significativa, en medio del alza de combustibles, de la canasta básica y de los servicios básicos.
La diputada y Subjefa del Comité PC e Independientes, Ana María Gazmuri, junto a las diputadas Marisela Santibáñez, Gael Yeomans y Ximena Ossandón, además de los diputados Luis Cuello y Nelson Venegas, ingresaron una iniciativa que busca garantizar el acceso al teletrabajo para quienes se han visto afectados por el aumento del costo de la vida, tanto en el sector público como en el privado.
La propuesta surge en respuesta al sostenido incremento en los precios de combustibles, tarifas eléctricas, gas y arriendos indexados a la UF, que han reducido significativamente el ingreso disponible de miles de familias. El proyecto establece que quienes perciban hasta cinco ingresos mínimos mensuales y destinen una proporción relevante de sus recursos al traslado diario puedan acceder al teletrabajo, siempre que la naturaleza de sus funciones lo permita.
La diputada Gazmuri señaló que “hoy, un trabajador que vive en comunas periféricas como Pirque o Puente Alto puede gastar entre $110.000 y $170.000 mensuales solo en transporte. Ese costo puede representar hasta un 20% de su ingreso. El teletrabajo no es un privilegio, es una medida de justicia social y de alivio económico frente a un escenario que golpea con fuerza a las familias trabajadoras”.
Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez destacó el impacto territorial de la medida: “Yo represento al Distrito 14 que corresponde al sector Sur de la Región Metropolitana: San Bernardo, Calera de Tango, Melipilla, Peñaflor. Son trabajadoras y trabajadores que recorren más de dos horas para llegar a sus trabajos, y eso no es justo. Este proyecto apunta precisamente a esa problemática: cuando el traslado diario se transforma en una carga insostenible, el empleador debe ofrecer teletrabajo.
Pero quiero que aquí me escuchen detenidamente: no es un favor, es un derecho que tienen las y los trabajadores de nuestro país. Esperemos que vea la luz y que tenga éxito en este Congreso de la República.”
La iniciativa también incorpora al sector público, donde existen funcionarias y funcionarios con remuneraciones cercanas al ingreso mínimo, estableciendo un marco regulatorio en el Estatuto Administrativo que garantice igualdad de trato, continuidad del servicio y derecho a desconexión.
“Este proyecto se alinea con tendencias internacionales, como las recomendaciones de la Unión Europea, que promueven al menos un día de teletrabajo semanal para reducir costos energéticos y de transporte. En Chile es urgente adecuar nuestra legislación laboral a la realidad económica que enfrentan las y los trabajadores y avanzar hacia relaciones laborales más equitativas”, agregó la parlamentaria.
La propuesta contempla que los reglamentos necesarios para su implementación sean dictados en un plazo máximo de seis meses, asegurando una pronta aplicación en beneficio de las familias trabajadoras.
“No es razonable que trabajar implique destinar una parte tan significativa del ingreso solo para trasladarse. Este proyecto busca corregir esa inequidad y responder a un escenario económico agravado por decisiones del actual gobierno que han encarecido la vida cotidiana”, concluyó la diputada por el distrito 12.
