Cuando el filósofo francés Michel Foucault publicó su obra Vigilar y castigar (1975), describió cómo las sociedades modernas habían perfeccionado mecanismos de vigilancia y control capaces de disciplinar a las personas incluso sin necesidad de una presencia permanente de la autoridad. La imagen del panóptico, “una estructura donde todos se sienten observados, aunque no sepan cuándo están siendo vigilados», se transformó en una de las metáforas más influyentes para comprender el ejercicio del poder.
Por eso resulta inevitable recordar aquella obra cuando se anuncia la intención de elaborar registros o sistemas destinados a anotar las llamadas «incivilidades». La pregunta no es si las conductas que afectan la convivencia deben abordarse, ya que una sociedad necesita normas y acuerdos mínimos para funcionar. La verdadera pregunta es otra: ¿a quién se va a vigilar y a quién se va a castigar?
Porque cuando se habla de incivilidades, rara vez se mencionan los delitos de cuello y corbata, los abusos económicos, las colusiones, las vulneraciones a los derechos fundamentales o las decisiones empresariales que terminan afectando la calidad de vida de millones de personas. En cambio, el foco se pone siempre sobre quienes ocupan el espacio público, sobre los que viven las consecuencias de la desigualdad y en aquellos que tienen pocas herramientas para defenderse ante las arbitrariedades de las autoridades conservadoras.
La historia demuestra que las políticas de control no suelen aplicarse de manera homogénea. Existe una diferencia evidente entre quien enfrenta diariamente la precariedad y quien dispone de recursos económicos, redes de protección e influencia. Cuando una norma es ambigua, la posibilidad de que termine aplicándose con mayor dureza sobre los sectores populares no es una exageración ideológica: es una realidad ampliamente documentada.
Por eso también surge otra interrogante. ¿Qué entenderemos exactamente por incivilidad? ¿Orinar en la vía pública?, ¿escupir?, ¿dormir en una plaza?, ¿protestar?, ¿interrumpir la normalidad para expresar una demanda social? El concepto parece tan amplio que corre el riesgo de transformarse en una categoría donde cabe prácticamente cualquier conducta que incomode al poder de turno.
Si revisáramos el antiguo Manual de Urbanidad y buenas maneras (1853), más conocido como Manual de Carreño, encontraríamos un catálogo interminable de comportamientos considerados impropios que podrían castigarse como incivilidades. ¿Lo harán?
La convivencia social no puede construirse sobre la base de castigar todo aquello que se aparta de un determinado estándar cultural o económico. Una democracia requiere orden, pero también requiere espacios para la diversidad, la discrepancia y la expresión social.
Más preocupante aún es que estas medidas aparezcan en un contexto donde amplios sectores de la población sienten que sus condiciones de vida se deterioran. Trabajadores que buscan mejorar sus ingresos mediante capacitación, familias que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda, personas mayores que ven reducidas sus posibilidades económicas y ciudadanos que observan cómo los servicios públicos continúan acumulando problemas estructurales.
Mientras tanto, la brecha entre quienes tienen más y quienes tienen menos sigue creciendo. Hay personas que pasan tres o más horas diarias en el transporte público; otras pueden resolver sus desplazamientos en minutos. Hay quienes soportan la incertidumbre de servicios deficientes y quienes apenas perciben esas dificultades. Frente a esa realidad, la creación de nuevos mecanismos de vigilancia genera una sensación incómoda: la de estar observando los síntomas sin hacerse cargo de las causas.
Nadie discute que toda sociedad necesita reglas. El propio Estado existe porque aceptamos un pacto básico de convivencia. Sin embargo, cuando las normas parecen dirigirse siempre hacia abajo y rara vez hacia arriba, dejan de percibirse como instrumentos de justicia para convertirse en herramientas de control.
La discusión de fondo no debería ser cómo ampliar los registros de incivilidades, sino cómo construir una sociedad más justa, donde el cumplimiento de las normas sea exigible a todos por igual. Porque cuando el poder decide vigilar selectivamente, el problema ya no es la convivencia. El problema es la desigualdad.
Y entonces la pregunta inevitable permanece: ¿estamos frente a una política destinada a mejorar la vida en común o frente a una nueva forma de vigilar y castigar a los mismos de siempre?
