La diputada del Frente Amplio por el Distrito 6, Francisca Bello, ofició al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Aguas (DGA) para solicitar información respecto de eventuales cambios en la gestión interna del organismo que estarían priorizando la resolución de expedientes administrativos por sobre funciones esenciales como la fiscalización, la vigilancia de cauces, la planificación hídrica y la participación en procesos ambientales.
La acción surge tras antecedentes recibidos por la parlamentaria que darían cuenta de la reasignación de funcionarios desde unidades críticas hacia el Departamento de Administración de Recursos Hídricos (DARH), con el objetivo de reducir el retraso acumulado en la tramitación de solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas, regularizaciones y autorizaciones de obras.
Para Bello, esta situación podría tener consecuencias concretas en territorios que requieren una fiscalización activa de la autoridad. Como ejemplo, recordó el reciente oficio mediante el cual solicitó una inspección urgente de la DGA en el Estero Riecillo, en la comuna de Los Andes, tras denuncias por una drástica disminución de caudal que amenazaba la fauna acuática y generaba sospechas sobre eventuales captaciones o intervenciones aguas arriba.
“Resolver el atraso administrativo es importante, pero no puede hacerse a costa de debilitar la capacidad del Estado para fiscalizar extracciones ilegales, controlar obras no autorizadas o proteger nuestras cuencas. Hace pocas semanas debimos solicitar una fiscalización urgente en el Estero Riecillo por denuncias de disminución crítica de caudal. Casos como ese demuestran que la presencia en terreno de la DGA no es un lujo, sino una necesidad para resguardar el agua y los ecosistemas”, señaló la diputada Bello.
En el oficio, la parlamentaria también manifestó preocupación por el estado de avance de instrumentos clave para la gestión hídrica, como el Plan de Adaptación al Cambio Climático en Recursos Hídricos y los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas, además de una eventual disminución de personal especializado en estudios, planificación y participación territorial.
“El país necesita de una institucionalidad hídrica capaz de compatibilizar la gestión administrativa con la protección efectiva del agua. Lo que está en juego no son solo procedimientos internos, sino la capacidad del Estado para enfrentar la escasez hídrica, que afecta miles de usuarios, prevenir abusos y resguardar un recurso esencial para las comunidades y los ecosistemas”, concluyó Bello.
