Asimismo, los diputados Natalia Romero y Omar Sabat anunciaron la presentación de una comisión investigadora para así determinar las posibles responsabilidades administrativas.
Los diputados de la Bancada UDI, Natalia Romero y Omar Sabat, solicitaron al Ministerio Público derivar a la nueva Fiscalía Supraterritorial los graves antecedentes que arrojó un preinforme de la Contraloría General de la República, en el que se reveló que durante el año pasado hubo un ingreso masivo al país de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana, bajo la figura de «reunificación familiar», de los cuales no se cuenta con información de su paradero ni la identidad de sus familiares.
Se trata de una investigación reservada del órgano contralor, que se inició a partir de una solicitud realizada por un grupo de legisladores de la UDI -entre ellos el ex diputado Juan Manuel Fuenzalida-, a raíz del incremento de vuelos chárter provenientes desde Centroamérica y cuyo destino era Chile.
En esa línea, de acuerdo a la información dada a conocer este lunes, la Contraloría reveló que, de una muestra de 366 personas de nacionalidad haitiana que ingresaron en vuelos no regulares al país, 333 correspondieron a niños y adolescentes, detectándose -además- que no existieron validaciones efectivas del adulto responsable que acompañaba a los menores, como lo exige la actual normativa.
Por lo mismo, si bien desde el Ministerio Público anunciaron la apertura de una investigación penal, los diputados Romero y Sabat solicitaron que dicha causa sea derivada a la Fiscalía Supraterritorial, que justamente tiene a cargo indagar los delitos asociados al crimen organizado de carácter nacional.
“Las irregularidades detectadas por la Contraloría son de tal gravedad que ameritan una investigación exhaustiva para determinar todas las responsabilidades que puedan existir, tanto administrativas como penales. No estamos frente a simples errores de registro, sino que ante una serie de fallas en los controles del Estado que permitieron el ingreso de cientos de niños, niñas y adolescentes sin validaciones efectivas. Lo más preocupante es que, en varios casos, hoy no existe información clara sobre su paradero ni sobre la identidad de quienes los acompañaban, lo que configura un escenario extremadamente delicado», señalaron los integrantes de la Bancada UDI, quienes agregaron que “por la complejidad y eventual vinculación con redes de crimen organizado -que nadie podría descartar en un principio-, resulta indispensable que esta causa sea asumida por la Fiscalía Supraterritorial, que cuenta con las herramientas y competencias para llevar adelante una indagatoria de esta magnitud».
Pero junto con lo anterior, los diputados Natalia Romero y Omar Sabat también anunciaron la presentación de una comisión investigadora en la Cámara Baja -la que ingresarán una vez que sea dado a conocer públicamente el informe de la Contraloría-, argumentando que «es fundamental establecer por qué fallaron los controles, quiénes permitieron que estos menores ingresaran sin las debidas validaciones y si hubo negligencias o incumplimientos de parte de la administración pública».
“Hoy no existe claridad del paradero de estos menores, tampoco sobre las condiciones en que pudieron ingresar al país ni mucho menos respecto de si existió algún tipo de organización detrás de estos hechos, incluso con eventuales fines ilícitos. Esta falta de información no sólo da cuenta de fallas graves en los controles del Estado, sino que también abre un escenario de extrema preocupación, donde no es posible descartar la participación de redes que deben ser investigadas con total rigurosidad, sin descartar la eventual intervención de organizaciones criminales», reiteraron los UDI.
