Fiscalización detectó graves irregularidades en el servicio prestado en Olmué y Limache. Existe un sumario sanitario en curso y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
En el marco de un programa de fiscalización a las empresas encargadas del abastecimiento, transporte y distribución de agua potable para consumo humano, correspondiente al programa de escasez hídrica, la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, encabezada por el delegado presidencial Gonzalo Azancot Rebolledo, puso término anticipado al contrato con la empresa Sociedad Constructora y Transportes M y M Limitada, debido a graves incumplimientos en la prestación del servicio.
Las fiscalizaciones, que incluyeron la revisión de registros de rutas mediante sistemas GPS instalados en los camiones aljibe y controles en terreno realizados por funcionarios de la Delegación Provincial, permitieron constatar que la empresa, encargada de operar líneas de distribución en las comunas de Olmué y Limache, efectuaba la carga de agua en un punto de captación no autorizado y sin la correspondiente resolución sanitaria.
A raíz de estos antecedentes, la Secretaría Regional Ministerial de Salud realizó una inspección, verificando diversas irregularidades, entre ellas una presencia insuficiente de cloro en el agua distribuida, motivo por el cual se instruyó un sumario sanitario actualmente en curso.
Frente a esta situación, la Delegación Presidencial Provincial procedió al término anticipado del contrato y activó los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad del suministro de agua potable a las familias beneficiarias de las comunas afectadas. Considerando la relevancia de este servicio para la comunidad, la gravedad de los hechos detectados y el eventual perjuicio fiscal asociado, la Delegación remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, además de iniciar el cobro de las respectivas boletas de garantía.
El Delegado Presidencial Provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, señaló que “frente a la gravedad de los hechos, la Delegación actuó con firmeza, ya que nuestro deber es garantizar que los vecinos de la provincia reciban agua que cumpla con todas las condiciones sanitarias para el consumo humano”.
La autoridad agregó que “no existe motivo ni justificación alguna para tolerar o postergar decisiones que, aunque complejas, tienen como objetivo proteger la salud de la población y resguardar el correcto uso de los recursos públicos”.
