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Diputadas Republicanas piden al Presidente Kast revocar todas las pensiones de gracia otorgadas a sujetos vinculados a delitos en el «estallido social»

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

Las legisladoras criticaron que el beneficio ha costado miles de millones de pesos al Estado «que podrían haber sido utilizados de mejor manera, como por ejemplo avanzar en soluciones habitacionales. (…) Muchos de los beneficiarios más bien se aprovecharon del pánico para cometer ilícitos y enfrentarse a nuestras policías con total impunidad».

Un llamado al Presidente José Antonio Kast a revocar todas las pensiones de gracia otorgadas durante la administración anterior a personas vinculadas a hechos delictuales durante el periodo  denominado «estallido social» (2019-2021), realizaron este miércoles las diputadas de la Bancada Republicana, Javiera Rodríguez,  Macarena Santelices y Valentina Becerra.

Lo anterior, luego de conocer el caso Benjamín Huerta (29), quien estaba prófugo de la justicia y  fue detenido en un operativo antidrogas que terminó con la incautación de 50 ampollas de fentanilo, marihuana y dinero en efectivo por parte del OS7 de Limarí, en la comuna de Ovalle.

De acuerdo a los antecedentes, el imputado había sido beneficiario de una pensión de gracia y que, según informó la autoridad, fue cesada en enero de este año.

Ante esto, la diputada Javiera Rodríguez recordó que un número no menor de beneficiados «cuenta con antecedentes penales, otros son prófugos de la justicia por estafa, narcotraficantes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y robo con violencia, entre otros».

«Lo que se vivió entre octubre de 2019 y marzo de 2020, fueron verdaderos actos de vandalismo, que nada tenían que ver con las legítimas demandas que tenía la ciudadanía en ese momento. Por eso le pedimos al Presidente Kast que revoque todas aquellas pensiones de gracia del estallido delictual, donde muchos de los beneficiarios más bien se aprovecharon del pánico para cometer ilícitos, cometer actos vandálicos y enfrentarse a nuestras policías con total impunidad», agregó la  legisladora.

Por su parte, la parlamentaria Macarena Santelices recordó que a la fecha, el desembolso de estas pensiones de gracia «le han significado al Estado miles de  millones de pesos, gracias a un gobierno que fue sumamente permisivo con la entrega de este beneficio a personas que son derechamente delincuentes y cuyo único fin fue destruir el país».

«Estamos hablando de recursos millonarios, que podrían haber sido utilizados de mejor manera, como por ejemplo avanzar en soluciones habitacionales, especialmente a víctimas de desastres naturales como en el Maule o de los incendios en Viña del Mar, Quilpué y en la Región de Biobío», subrayó la diputada.

Por último, la diputada Valentina Becerra apuntó que esas pensiones de gracia «no se condicen con la protección que se debe dar no sólo a las familias chilenas, sino también a nuestros Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, donde muchos de ellos fueron atacados por turbas, sin misericordia alguna e incluso fueron pasados a la Justicia sólo por cumplir con su deber».

«Por ello, le pedimos al Ejecutivo que le ponga urgencia a los distintos proyectos de ley que están en tramitación en el Congreso, que tienen como objetivo el prohibir el beneficio de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales», concluyó la parlamentaria.

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