Durante décadas, la medicina del trabajo ha puesto atención en los riesgos asociados a la exposición al ruido en industrias, faenas mineras, aeropuertos o la construcción. Gracias a ello, hoy existen normas, mediciones ambientales, programas de vigilancia auditiva y medidas de protección para miles de trabajadores. Sin embargo, hay una exposición cotidiana que sigue prácticamente fuera del radar: la de millones de personas que pasan parte importante de su día sometidas al ruido durante sus desplazamientos.
La realidad laboral ha cambiado. En las grandes ciudades, la jornada no comienza al ingresar al trabajo, sino mucho antes. Para miles de personas, el día parte en un bus, un vagón de Metro o una estación congestionada. Allí conviven motores, frenadas, altavoces, teléfonos móviles utilizados con volumen elevado, mensajes publicitarios, música amplificada y artistas callejeros. Lo que muchas veces se considera una característica normal de la vida urbana constituye, en la práctica, una exposición diaria cuyos efectos sobre la salud no deberían seguir siendo ignorados.
La evidencia disponible muestra que el ruido ambiental se asocia con alteraciones del sueño, aumento del estrés, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, dificultades de concentración y deterioro de la salud mental. No se trata únicamente de proteger la audición. El problema es mucho más amplio y afecta funciones esenciales para el bienestar y la calidad de vida.
En Chile, la contaminación acústica figura entre los problemas ambientales que generan más reclamos ciudadanos. El impacto puede ser aún mayor en personas con migraña, trastornos del sueño, ansiedad, hipertensión arterial o condiciones de neurodivergencia, para quienes la sobrecarga sensorial no representa una simple incomodidad, sino una barrera que afecta su bienestar cotidiano. En una sociedad que envejece y que busca avanzar en inclusión, esta dimensión tampoco puede seguir siendo ignorada.
Algunas ciudades han comenzado a actuar. Londres, París, Barcelona y otras urbes europeas cuentan con mapas estratégicos de ruido que permiten identificar zonas críticas y orientar políticas públicas. También se han implementado pavimentos de baja emisión sonora, barreras acústicas y exigencias específicas para reducir el impacto del transporte sobre la salud de la población. Aunque estas medidas aún son incipientes a nivel global, muestran que el problema puede abordarse cuando existe voluntad para hacerlo.
Desde la salud ocupacional existe un principio ampliamente utilizado para enfrentar este tipo de riesgos: la jerarquía de controles, que prioriza intervenir sobre la fuente y el medio antes que sobre las personas expuestas. Aplicado al transporte público, esto implica avanzar hacia materiales rodantes y sistemas de frenado más silenciosos; regular efectivamente el sonido amplificado dentro de buses y trenes y canalizar la actividad de músicos hacia espacios especialmente habilitados. También resulta fundamental acelerar la incorporación de buses eléctricos, cuya implementación ha demostrado reducir significativamente la contaminación acústica en ciudades como Santiago.
Respecto al medio de propagación, existen medidas concretas que podrían generar mejoras relevantes. El tratamiento acústico absorbente en estaciones permitiría disminuir la reverberación, mientras que el uso de materiales acústicos en espacios cerrados, estaciones y vagones contribuiría a reducir los niveles de ruido percibidos por los usuarios. Asimismo, la masificación de puertas de andén no solo ayudaría a disminuir el ruido, sino también a reducir riesgos de accidentes y mejorar la experiencia de viaje.
A nivel administrativo y de diseño, es posible avanzar mediante la creación de vagones o zonas de silencio, así como horarios o espacios sensorialmente más amigables para personas neurodivergentes. Del mismo modo, resulta necesario fortalecer la fiscalización de la normativa de ruido comunitario existente, cuya aplicación en el interior de los sistemas de transporte es hoy prácticamente inexistente.
Complementariamente, la elaboración de mapas de ruido y el monitoreo sistemático de la exposición permitirían dimensionar mejor el problema, identificar puntos críticos y orientar decisiones basadas en evidencia.
Durante mucho tiempo hemos aceptado el ruido como el precio inevitable de vivir o transitar en una ciudad. Mientras el ruido siga siendo tratado como una molestia y no como un problema de salud pública, millones de trabajadores y usuarios del transporte continuarán expuestos a un riesgo que Chile aún no ha decidido enfrentar.
