Hace unos días Reino Unido anunció la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, medida que busca resguardar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en ambientes digitales con el fin de atender posibles riesgos de seguridad multifactoriales que ocurren al vulnerar la edad de entrada al uso de redes sociales.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso excesivo de redes sociales puede alterar preexistencias de salud mental, fomentado riesgos importantes para este grupo etario. Chile pareciera estar en la misma sintonía. Recientemente el Gobierno del presidente José Antonio Kast comunicó que se encuentra elaborando un proyecto de ley que propone utilizar la Clave Única como mecanismo de entrada a redes sociales para controlar el acceso de estos a redes sociales.
Más allá de la discusión sobre los beneficios o riesgos de la utilización de esta herramienta tecnológica, la verdadera pregunta es cómo nuestra sociedad va a preparar a una generación marcada por el acceso a internet y el desarrollo tecnológico de la sociedad; cómo logramos un acuerdo para educar, formar y preparar a una generación que también se está educando y formando su identidad en estas plataformas.
El debate de fondo no debería centrarse únicamente en la verificación de edad, sino en las herramientas y capacidades con las que niños, niñas y adolescentes enfrentarán el mundo digital. Las redes sociales, al igual que otras tecnologías, ya forman parte de la vida cotidiana, de los procesos educativos, del trabajo y de la participación ciudadana. Por eso, aunque las restricciones puedan contribuir a generar entornos más seguros, difícilmente resolverán por sí solas los desafíos asociados a su uso.
Por eso, junto con discutir regulaciones, debemos avanzar con la misma urgencia en fortalecer la educación digital y la formación de ciudadanos digitales. Enseñar pensamiento crítico, privacidad, seguridad en línea, convivencia digital y uso responsable de la información debe convertirse en una prioridad compartida entre familias, establecimientos educacionales, sector público y empresas tecnológicas.
La experiencia internacional demuestra que las normas pueden contribuir a generar entornos más seguros, pero su impacto será limitado si no van acompañadas de una ciudadanía digital sólida. El desafío no es únicamente restringir para proteger a niños, niñas y adolescentes del mundo digital, sino prepararlos para desenvolverse en él de manera informada, segura y consciente y consensuar esa forma es probablemente el acuerdo más importante que debemos lograr.
