Tras más de tres años de investigación y casi un año de juicio oral, el tribunal declaró culpables a los integrantes de la organización acusada de emitir 71 mil licencias médicas falsas , cuyo perjuicio supera los $26 mil millones de pesos.
El Ministerio público y los querellantes piden penas que van desde los 3 años hasta los 20 años de cárcel para los casos más graves.
El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dió a conocer hoy, (23 de junio), el esperado veredicto final en contra de los integrantes de una de las redes criminales más complejas detectadas en el ámbito de la salud chilena, quienes finalmente fueron declarados culpables. El caso, considerado el mayor fraude económico en la historia del país, llega a su etapa decisiva tras más de tres años de una exhaustiva investigación penal y cerca de un año de intensas audiencias en el juicio oral.
La organización, compuesta por 17 imputados entre los que figuran nueve médicos – en su mayoría de nacionalidad colombiana – y 8 captadores chilenos , está acusada de haber montado un verdadero «negocio criminal» dedicado a la emisión masiva de licencias médicas ideológicamente falsas. En esta última instancia del proceso, la Fiscalía y los querellantes han solicitado para los acusados penas que van desde los 3 años hasta los 20 años de cárcel para los casos más graves.
ALTO Inmune, empresa experta en gestión integral del ausentismo laboral y que actúa como parte querellante en representación del sistema privado, ha jugado un rol fundamental en el seguimiento y desarticulación de esta sofisticada red.
Un daño multimillonario a la salud del país
Las cifras que sustentan esta causa penal son sin precedentes para el sistema sanitario chileno:
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Los 17 acusados emitieron de manera fraudulenta un total de 71.653 licencias médicas.
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Esta acción generó un perjuicio económico directo al sistema público de salud (Fonasa) por un monto de $26.606.306.606 de pesos.
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Paralelamente, provocaron un daño económico al sistema privado (Isapres) que asciende a $1.620.285.157 de pesos.
Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO Inmune, se refirió a la relevancia de esta resolución como precedente. “Este veredicto marca un hito crucial en la lucha contra el fraude en la salud pública y privada. No estuvimos ante médicos que actuaron de forma aislada, sino frente a una asociación ilícita perfectamente estructurada, con roles diferenciados y sociedades ficticias creadas exclusivamente para delinquir. Esperamos que la resolución del tribunal entregue una señal potente y ejemplar para el país”.
Anatomía del fraude: Un negocio con «lista de precios»
La investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad destapó un sofisticado modus operandi en el cual los líderes de la banda constituyeron más de 50 sociedades ficticias. Estas firmas utilizaban consultas médicas falsas o domicilios particulares para contratar a profesionales extranjeros, quienes emitían los documentos de forma masiva.
La red contaba con una estructura de captadores que contactaba a los «clientes» a través de redes sociales , operando bajo un esquema de precios fijos completamente al margen del control tributario:
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Licencia de 11 días: Tenía un valor de $33.000 si era presencial y $25.000 mediante telemedicina.
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Licencia de 15 días: Se comercializaba a un valor de $49.000.
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Licencia de 21 días: Tenía un costo establecido de $58.000.
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Licencia de 30 días: Se vendía por un monto de $70.000.
Dentro de este engranaje, los captadores ilegales obtenían una comisión de entre $11.000 y $16.000 por cada documento tramitado , mientras que a los médicos emisores se les pagaba una tarifa fija de $10.000 por licencia, sin importar la extensión de los días de reposo otorgados. El saldo restante era percibido directamente por los líderes de la organización criminal.
Uno de los ejemplos más insólitos de este fraude fue el del médico colombiano Jeffry Yessid Donado Alvis, quien, a pesar de haber permanecido físicamente en Chile solo cinco días en abril de 2022, logró emitir desde el extranjero 4.091 licencias en un periodo de seis meses a través del centro médico Provimedc SPA. En total, firmó 7.287 licencias para Fonasa, provocando un desfalco fiscal superior a los $2.557 millones de pesos.
La urgencia de sanciones transversales
Frente al cierre de este proceso judicial, desde ALTO Inmune insisten en que el combate al ausentismo laboral fraudulento requiere perseguir todas las responsabilidades del sistema.
“El Estado debe avanzar firmemente en sancionar a toda la cadena de este delito: tanto al facultativo médico que vende la licencia como al usuario que la compra y usufructúa de un beneficio que no necesita. La ley no hace distinciones entre comprador y vendedor. Para erradicar estas mafias que desvían recursos críticos de la salud de todos los chilenos, necesitamos que la respuesta judicial sea implacable en todos los niveles”, concluyó Rodrigo Varela.
