La iniciativa eleva los requisitos para presentar acusaciones constitucionales, incorpora una interpelación previa a ministros y busca resguardar esta facultad fiscalizadora para casos realmente graves, evitando su utilización como mecanismo de polarización política.
Un grupo transversal de diputados presentó una reforma constitucional destinada a fortalecer las acusaciones constitucionales, resguardando su carácter excepcional y evitando que sean utilizadas como instrumentos de disputa política permanente.
La iniciativa fue impulsada por el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, y cuenta con el patrocinio de los diputados Raúl Leiva (RN), Gael Yeomans (FA), Luis Pardo (RN), Jorge Guzmán (EVO), Jaime Mulet (PRV), Guillermo Ramírez (UDI), Joanna Pérez (DEM), Alejandro Bernales (LIB) y Carlos Cuadrado (PPD).
La propuesta surge a partir del creciente uso de acusaciones constitucionales durante los últimos años, tanto en gobiernos de distinto signo político, fenómeno que, a juicio de los parlamentarios, ha contribuido a desvirtuar una herramienta concebida para exigir responsabilidad política ante infracciones graves.
Según explicaron los autores, el objetivo es fortalecer la institucionalidad democrática, promoviendo una fiscalización seria y responsable, y distinguiendo claramente entre el legítimo control político y la utilización de las acusaciones constitucionales como una herramienta de confrontación contingente.
El proyecto contempla cuatro modificaciones principales. En primer lugar, aumenta de 10 a 20 las firmas requeridas para presentar una acusación constitucional, exigiendo una base de respaldo más amplia. En segundo término, establece un quórum mínimo de mayoría absoluta de los diputados en ejercicio para que la acusación pueda prosperar en la Cámara.
Asimismo, incorpora la obligación de agotar previamente mecanismos de fiscalización, como la interpelación, antes de presentar una acusación contra un ministro de Estado, reforzando así su carácter de última ratio. Finalmente, homologa las causales aplicables al Presidente de la República y a los ministros de Estado, exigiendo que exista una infracción abierta a la Constitución o las leyes para activar este mecanismo.
