La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una tercería en representación de familias de cuatripareos de El Olivar que se están viendo gravemente perjudicadas por los recursos judiciales interpuestos por algunos vecinos. La acción busca impedir que se entreguen viviendas que no cumplen la normativa vigente y resguardar el derecho de todas las familias a recibir viviendas seguras y de calidad.
La Fundación Fuerza Ciudadana presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso una tercería independiente en representación de cuatro propietarios y de sus familias, damnificados de la población El Olivar, solicitando el rechazo de los recursos de protección que buscan dejar sin efecto las medidas de paralización y control de las obras de reconstrucción.
La presentación exige descartar cualquier solución de reparación superficial o «de parche» y solicita que se rechace categóricamente la entrega de estas viviendas, por cuanto no cumplen con las exigencias de seguridad estructural, comportamiento sísmico, resistencia al fuego, aislación ni habitabilidad establecidas en la normativa vigente. Sostiene que las familias no pueden ser obligadas a recibir viviendas que presentan incumplimientos técnicos que comprometen su seguridad. En consecuencia, plantea que solo una vez que las viviendas sean reconstruidas y cumplan íntegramente con todas las exigencias técnicas y normativas, garantizando condiciones efectivas de seguridad para sus habitantes, podrán ser recepcionadas, entregadas y ocupadas. Asimismo, solicita establecer una hoja de ruta clara, con responsables y plazos verificables para las familias afectadas.
El abogado y representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara Stewart, cuestionó duramente la intervención tardía de la parlamentaria Ana María Gazmuri, por no estar presente acompañando a las familias durante los más de dos años transcurridos desde el incendio y que recién ahora aparece defendiendo la continuidad de construcciones gravemente cuestionadas, dejando entrever que no le interesa las familias sino solo la empresa que fue expulsada de las obras por incumplimiento contractual.
“Resulta indignante que una parlamentaria que estuvo ausente durante dos años de dolor, desplazamiento e incertidumbre aparezca recién ahora para defender viviendas que presentan graves observaciones y riesgo para las familias. ¿Dónde estuvo mientras las familias perdían su patrimonio y eran abandonadas a su suerte? Llegar tarde para defender una obra cuestionada en defensa de una empresa privada: no es ponerse del lado de las víctimas, sino en su contra.”
Palamara enfatizó que las familias necesitan recuperar sus hogares con urgencia, por lo que es fundamental implementar rápidamente el plan de reconstrucción del Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Así, podrán acceder pronto a viviendas dignas y de calidad, sin que su dolor sea utilizado como excusa para obligarlas a aceptar soluciones habitacionales deficientes que podrían poner en riesgo su integridad física y su vida.
“Aquí no estamos construyendo invernaderos. Estamos construyendo casas, hogares. En su interior no vivirán plantas: vivirán personas, adultos mayores, niños y familias completas. Sus vidas y su seguridad no pueden quedar subordinadas a la improvisación, y a la defensa irrestricta de una empresa que no cumplió, siendo sumamente relevante que se lleve a cabo con prontitud el plan de reconstrucción del Ministro Ivan Poduje.”
El escrito presentado ante la Corte advierte que las viviendas forman parte de estructuras integradas o cuatripareos, por lo que una decisión adoptada respecto de una unidad produce efectos directos sobre las viviendas vecinas. En consecuencia, los recursos interpuestos por algunos propietarios están perjudicando gravemente a otras familias que no participaron en esas acciones judiciales y que esperan acceder cuanto antes a una solución habitacional segura y definitiva. Por esa razón, se solicita que ninguna decisión individual pueda disminuir la protección de los demás propietarios y que cualquier alternativa de reparación o reconstrucción considere un proyecto integral de ingeniería y fiscalización independiente.
“Las víctimas de El Olivar tienen derecho a viviendas dignas, seguras y durables. No existe una vivienda social de segunda categoría ni un estándar constructivo inferior para quienes lo perdieron todo. Haber esperado más de dos años no significa que ahora deban aceptar cualquier cosa.”
El representante de la Fundación llamó a no convertir el sufrimiento de las familias en una disputa partidista ni defender construcciones objetadas por cálculos políticos.
“No aceptaremos que, por intereses políticos mezquinos, se pretenda defender lo indefendible o presionar para que se entreguen viviendas con defectos y riesgos para sus futuros habitantes. Las víctimas no pueden volver a pagar el costo de errores que no cometieron.”
Finalmente, Palamara sostuvo que el Estado tiene la obligación de entregar una reparación efectiva y no limitarse a financiar una solución aparente, fustigando que el accionar de la diputada es bochornoso.
“El Estado no está para revictimizar, sino para solucionar. Debe responder por las consecuencias de la desidia y negligencia que denunciamos respecto de algunas exautoridades, que prometieron públicamente no dejar solas a estas familias y que, en los hechos tanto los parlamentarios como las autoridades que eran oficialistas actuaron de manera bochornosa, las dejaron a la deriva, sin una reparación oportuna y efectiva. Lo que afectó también a sus patrimonios, quién querría comprar una casa que se puede caer”.
La tercería fue presentada el 23 de junio de 2026 y actualmente se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
