Justicia en crisis: ciudadanía la considera clave para la democracia, pero el 91% la percibe corrupta

Encuesta Democracia UDP & Feedback (junio, 2026)

Ocho hallazgos principales

La encuesta muestra una ciudadanía que prefiere la democracia con más fuerza que nunca con un 71% y sitúa el acceso igualitario a la justicia como su atributo más esencial con un 88%. Sin embargo, percibe un sistema judicial desigual (86%), lento (84%) y corrupto (91%).

1. El acceso igualitario a la justicia se consolida como el pilar esencial de la democracia. Este encabezalos atributos que las personas consideran “absolutamente esenciales” para que una sociedad sea democrática: hoy lo afirma un 88%, por sobre incluso la realización de elecciones libres e imparciales (87%).
2. Pero la justicia no es ciega: depende del dinero, los contactos y el lugar donde se vive. Un 88% está de acuerdo en que las posibilidades de acceder a la justicia dependen del dinero, los contactos y el lugar donde se vive. La convicción es transversal y es mayor entre las personas de izquierda.
3. Los políticos son percibidos como los grandes favorecidos del sistema judicial. Un 94% cree que los políticos reciben un trato favorable en la justicia, seguidos por las personas de clase alta (85%) y funcionarios públicos (62%). En el otro extremo, las personas de bajos ingresos (67%), clase media (41%) y de pueblos originarios (40%) son vistas como las más perjudicadas.
4. La percepción dominante es que la justicia empeoró, y la corrupción es su peor problema. Un 58% cree que el sistema de justicia ha empeorado en los últimos años (percepción más intensa en la derecha, con 70%, los mayores de 60 años y el nivel socioeconómico bajo). Entre sus problemas, la corrupción es el más grave: un 91% la califica como “muy grave”. Se agrega el consenso casi total (91%, sin diferencias entre segmentos) de que Gendarmería está siendo penetrada por redes delictuales al interior de las cárceles, lo que refuerza la sensación de impunidad y corrupción.
5. Más mano dura. Los encuestados piensan que las principales prioridades del gobierno para enfrentar la delincuencia son: la desarticulación de bandas criminales organizadas (54%), y el endurecimiento de penas para delincuentes reincidentes (47%). A su vez, la gran mayoría de las personas está de acuerdo con castigar con pena de cárcel los delitos económicos (94%), que la inmigración ilegal sea considerada un delito grave que debe tener penas de cárcel o expulsión (74%), rechazan el derecho del indulto presidencial (63%) y que debe reponerse la pena de muerte para delitos de máxima gravedad (61%).
6. La demanda de más mano dura, convive con una amplia base garantista. 74% defiende el principio de presunción de inocencia y 63% sostiene que, además de castigar, deben respetarse los derechos y el trato digno de quienes cometen delitos. Además, un 71% considera que es importante en el sistema penal la rehabilitación de las personas para evitar la reincidencia.
7. La edad penal divide al país, con la derecha empujando a rebajarla. El 48% cree que la edad mínima de responsabilidad penal debería rebajarse a menos de 14 años, frente a un 46% que prefiere mantenerla. La brecha política es nítida: un 68% de la derecha pide rebajarla y solo 29% de la izquierda. Mencionar que solo un 5% de los encuestados se mostró partidario de aumentar la edad mínima de responsabilidad penal.
8. El levantamiento del secreto bancario divide a izquierda y derecha. Como prioridad de seguridad para el gobierno los encuestados consideran que el levantamiento del secreto bancario es necesario para combatir el crimen organizado con un 45% del total, principalmente por las personas de izquierda (47%), mientras que solo un 4% de quienes se identifican con la derecha lo priorizan.

Los hallazgos en detalle

Una democracia que se fortalece pese al malestar y el pesimismo

• La situación de delincuencia, la inseguridad y el narcotráfico aparece como el principal problema del país (28%), seguido de cerca por la falta de capacidad del sistema político para resolver problemas (27%).
• En ese clima de malestar, la democracia no solo resiste: se fortalece. El 71% sostiene que es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el registro más alto de la serie, con mayor adhesión entre mujeres, menores de 39 años y personas de izquierda.
• Pierde fuerza la idea de que un gobierno autoritario en algunas circunstancias podría ser preferible a un gobierno democrático, pasando de un 31% a un 23%. Ese avance democrático convive con un fuerte aumento del pesimismo sobre el futuro de Chile en los próximos cinco años: quienes se declaran “muy pesimistas” pasaron del 9% al 26% en pocos meses, revirtiendo la tendencia optimista de mediciones anteriores.

Acceso igualitario a la justicia, lo más esencial para ser una sociedad democrática

• De forma sostenida la ciudadanía asocia la democracia con el acceso igualitario a la justicia: es el atributo considerado “absolutamente esencial” por más personas (88%), aunque también crece la valoración de las elecciones libres e imparciales (de un 74% a un 87%).
• Al pensar en la palabra “justicia”, predomina la idea de imparcialidad ante la ley. El problema es la brecha entre ese ideal y la experiencia concreta.
• Un 88% afirma que el acceso a la justicia depende del dinero, los contactos y el lugar donde se vive, posición reforzada en la izquierda con un 94%, y un 86% considera difícil que una persona común haga valer sus derechos ante los tribunales.
• La idea de que tener un buen abogado marca una diferencia decisiva en el resultado de un caso, alcanzando a un 90% de acuerdo transversal. Para la mayoría, en un abogado pesan más sus contactos y redes (34%) que su conocimiento técnico de la ley (8%), opinión más fuerte en la izquierda, los menores de 39 años y los hombres. Sobre qué hace a un buen abogado, lo más valorado es que actúe con criterio y sentido de justicia (35%), seguido de que conozca bien la ley (27%) y que sea honesto (23%). Entre los boomers y el nivel socioeconómico bajo, la honestidad pesa incluso más que el dominio técnico.
• La misma lógica emplea a los jueces: la ciudadanía respalda con más fuerza que ejecuten la ley con criterio para hacer justicia (38%) que aplicar la ley tal como está escrita (8%), y un 91% coincide en que un buen juez debe interpretar la ley con prudencia y criterio.

Desconfianza, corrupción y un sistema que “empeoró”

• La confianza en las instituciones del sistema judicial es baja: en promedio de las instituciones consultadas, solo un 17,6% declara bastante o mucha confianza, frente a un 52% que desconfía. Los juzgados de familia poseen la mayor confianza, con un 26%, mientras que los tribunales ambientales (13%) y los juzgados de garantía (14%) poseen la peor evaluación.
• Todos los problemas del sistema parecen graves, pero la corrupción encabeza la preocupación (91% la considera muy grave), seguida del trato preferente a algunos grupos (81%).
• Esa captura percibida tiene rostros claros: los políticos (94%), la clase alta (85%), los funcionarios públicos (62%) y las Fuerzas Armadas y miembros de la policía (58%) aparecen como los favorecidos, mientras que las personas de bajos ingresos, clase media y de pueblos originarios son las más perjudicadas. Respecto de hombres, mujeres, jóvenes y clase media predomina la percepción de trato imparcial, con un matiz de género: cada grupo siente que se perjudica más a los suyos.
• Un 58% cree que la justicia ha empeorado en los últimos años, percepción más intensa en la derecha, los mayores de 60 años y los sectores de nivel socioeconómico bajo.

Firmeza penal con garantías: mano dura sin renunciar a los derechos

• Existe una clara demanda de firmeza: un 94% pide cárcel efectiva para los delitos económicos graves, un 56% considera que el principal problema de estos delitos es que rara vez terminan en cárcel efectiva, seguido del mejor trato a los poderosos (29%). Por otra parte, un 74% quiere penalizar el ingreso ilegal de inmigrantes al país.
• En materia de gasto público para enfrentar la delincuencia la ciudadanía prioriza penas más duras (37%) (más defendido en la derecha, generación GenX y de NSE bajo) pero muy seguido de la prevención en barrios y escuelas (30%) – esta última preferida por la izquierda, generación Z+Millennials y Boomers y NSE alto.
• Entre las prioridades de seguridad para el gobierno destacan la desarticulación de bandas criminales (54%), el endurecimiento de penas a reincidentes (47%) y el levantamiento del secreto bancario (45%), este último con un fuerte salto respecto de la medición previa, marcado por la contingencia nacional de 2026.
• Se agrega el fuerte apoyo a reponer la pena de muerte para delitos de máxima gravedad (61%) y el apoyo a rebajar la edad mínima de responsabilidad penal, hoy en 14 años, mostrando una preferencia de un 48% (mayor apoyo en la derecha) frente a solo un 5% que estaría dispuesto a aumentarla.
• La utilidad misma de la cárcel se cuestiona: una de cada cuatro personas cree que no sirve “nada” para disminuir la delincuencia. El país se reparte casi en partes iguales entre quienes creen que las condiciones de la cárcel deben ser dignas porque el castigo es la pérdida de libertad (51%) y quienes sostienen que las condiciones de vida en la cárcel deben ser duras como parte del castigo (49%). Acá existe una diferenciación en términos ideológicos: mientras que dos tercios de las personas de derecha piensan que las condiciones de vida en la cárcel deben ser duras, pues es parte de la pena, entre las personas de izquierda, un 68% afirma que el castigo es la pérdida de la libertad, por lo que las condiciones deben ser dignas.  
• Algo similar ocurre con la disposición a que empresas contraten a personas con antecedentes por delitos menores (67% algo o muy dispuesto, con más resistencia en la derecha) y lo mismo ocurre con la importancia de asegurar condiciones dignas de reclusión (59%), donde solo un 16% lo considera nada importante.
• Esa firmeza convive con principios garantistas sólidos. El 74% defiende la presunción de inocencia (más aún entre los mayores de 60 años), aunque en paralelo predomina la idea de que se protegen demasiado los derechos de los imputados (79%), siendo una postura más fuerte en la derecha. Un 63% sostiene que, además de castigar, deben respetarse los derechos y el trato digno de quienes delinquen, y encuentra alto apoyo (67%) que los condenados con buena conducta accedan a beneficios para salir antes.
• Todos los objetivos de la justicia penal se consideran importantes tales como castigar al responsable (97%), reparar a la víctima (93%) y evitar que otros cometan delitos (91%). Algo rezagada parece la rehabilitación para que no reincidan con un 71%.

Cuatro formas de mirar la justicia: las tipologías ciudadanas

• El estudio identifica cuatro grandes perfiles que ordenan a la ciudadanía según su relación con la democracia y la justicia.
• El grupo más numeroso son los Garantistas (37%): personas convencidas de la democracia, pero insatisfechas con ella y pesimistas sobre el futuro, con un altísimo sentido de desigualdad en la justicia (95% cree que el acceso depende del dinero y los contactos). Valoran la función punitiva del sistema, pero dan igual peso a la rehabilitación, la prevención y la reparación a las víctimas, y son mayoritariamente de izquierda o centroizquierda, con más presencia de mujeres.
• El segundo grupo es el de Autoritarismo punitivo (23%): aunque insatisfechos con la democracia, son optimistas sobre el futuro y un 43% preferiría un gobierno autoritario. Priorizan con fuerza el castigo (96% lo considera muy importante), restan importancia a la rehabilitación y son los más partidarios de condiciones carcelarias duras y de la prisión preventiva. Predominan en la derecha o centroderecha o sin posición política y en niveles socioeconómicos medio y bajo.
• Los Reformistas progresistas (22%) son personas convencidas de la democracia y pesimistas sobre el futuro, con la confianza institucional comparativamente más alta y el menor énfasis punitivo. Defienden condiciones dignas de reclusión y la garantía de derechos durante el proceso, y son el grupo menos de acuerdo con que se protejan demasiado los derechos de los imputados. Concentran a personas de izquierda o centroizquierda, de nivel socioeconómico más alto y con mayor proporción de jóvenes de 18 a 39 años.
• Finalmente, los Pragmáticos escépticos (18%) son moderadamente demócratas y optimistas, el grupo que percibe más igualdad en la justicia, aunque de forma leve, y aparecen desencantados del sistema: tienen baja confianza institucional y no otorgan alta importancia a ninguna de sus funciones. Son mayoritariamente de derecha o centroderecha, o sin posición política.

Otros hallazgos importantes para el debate público:

• Delitos económicos con pena de cárcel. Un 94% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con que los delitos económicos graves, tales como fraudes y sobornos, siempre deberían castigarse con penas de cárcel efectivas.
• Inmigración ilegal como delito grave: Un 74% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con ingresar ilegalmente al país debería ser considerado un delito grave, con penas de cárcel efectivas o expulsión inmediata hacia sus países de origen.
• Eutanasia: El 72% de los encuestados se declara de acuerdo o muy de acuerdo con que las personas con una enfermedad incurable tengan el derecho de solicitar asistencia médica para terminar con su vida.
• Indulto presidencial: Existen posiciones negativas frente a esta facultad presidencial, con un 63% en desacuerdo o muy en desacuerdo.
• Pena de muerte: 61% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con que en Chile debería reponerse la pena de muerte para castigar delitos de máxima gravedad, tales como asesinatos múltiples y violación de menores.
• Aborto: El 49% de los encuestados declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con el aborto seguro en los primeros meses de embarazo en cualquier circunstancia. 
• Organización de la comunidad: Un 44% de los encuestados considera que puede organizarse para defender a los vecinos en caso de que el Estado falte en la defensa de sus ciudadanos ante la delincuencia.