Los parlamentarios solicitaron conocer las investigaciones, fiscalizaciones y medidas adoptadas por las autoridades sanitarias tras la denuncia de una mujer embarazada que habría sufrido un trato indigno y discriminatorio al interior del recinto asistencial.
Los diputados Roberto Arroyo (Indep) y Catalina del Real (PRep) presentaron una serie de oficios dirigidos al Ministerio de Salud, al Servicio de Salud del Reloncaví y a la Superintendencia de Salud para solicitar antecedentes sobre las actuaciones realizadas tras la denuncia de una presunta violencia obstétrica ocurrida en el Hospital de Puerto Montt, donde una mujer con cinco meses de embarazo habría sido víctima de un trato agresivo y discriminatorio durante una atención médica.
Los parlamentarios solicitaron informar si se instruyeron investigaciones administrativas o sumarios, las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, las fiscalizaciones efectuadas por la Superintendencia de Salud, los protocolos vigentes para la atención de mujeres embarazadas y las capacitaciones impartidas al personal del Hospital de Puerto Montt en materias de derechos de los pacientes, prevención de violencia obstétrica, atención intercultural y no discriminación. Además, requirieron antecedentes sobre denuncias previas, reclamos y eventuales medidas de apoyo entregadas a la paciente afectada.
Al respecto, el diputado Roberto Arroyo señaló que “cuando una mujer embarazada denuncia haber sido víctima de un trato indigno o discriminatorio en un hospital público, el Estado no puede mirar hacia el lado. Lo mínimo que corresponde es que exista una investigación seria y transparente que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Con este oficio buscamos saber si las instituciones actuaron oportunamente y qué medidas se han adoptado para garantizar que los derechos de los pacientes sean respetados. La dignidad de las personas nunca puede quedar en segundo plano”.
Por su parte, la parlamentaria Catalina del Real sostuvo que “toda persona tiene derecho a recibir una atención de salud digna, respetuosa y libre de cualquier forma de maltrato. Si existieron vulneraciones a una paciente embarazada, las autoridades deben investigarlas hasta las últimas consecuencias y asegurar que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. No basta con lamentar lo ocurrido. Es fundamental revisar los protocolos, fiscalizar su cumplimiento y entregar certezas a las mujeres que acuden al sistema público de salud, especialmente durante un proceso tan delicado como el embarazo”.
Los congresistas señalaron que continuarán monitoreando el desarrollo del caso y reiteraron la importancia de que las autoridades sanitarias esclarezcan los hechos, determinen eventuales responsabilidades y adopten las medidas necesarias para garantizar una atención digna, respetuosa y libre de cualquier forma de discriminación para todos los usuarios del sistema público de salud.
