El abogado querellante, Juan Srdanovic solicitó al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la designación de un fiscal especial con dedicación exclusiva para asumir la investigación de la causa penal seguida en contra del gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, por la compra vía trato directo de un inmueble de propiedad del juez del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Sergio Vera.
Hay que señalar que el recinto estaba destinado a operar como residencia oficial del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia («Mejor Niñez»).
La solicitud de un fiscal especial y con dedicación exclusiva que plantea Juan Srdanovic enciende las alarmas, porque habría una inversión multimillonaria destinada a una vivienda que no cumplía con los requisitos legales mínimos de habitabilidad, de operación y que contaba con reparos de la Contraloría.
El abogado Sdranovic afirmó que «hemos solicitado al fiscal nacional, Ángel Valencia para que designe un fiscal especial para que lleve adelante la investigación, atendido el alto cargo que ambos (refiriéndose al alcalde y al juez tributario) tienen en la región de Magallanes», agregando que lo que se busca es que existan garantías de imparcialidad en la investigación».
El jurista manifestó que, en paralelo, como parte querellante, se presentó una solicitud de alrededor de treinta diligencias, cuyo propósito es esclarecer los hechos y determinar si hay delito o no. «Acá, estamos hablando de una vivienda respecto a la cual se hizo un trato directo sin cumplir con las observaciones de la Contraloría, violando la norma legal, porque esta casa no reunía los requisitos para los cuales fue comprada, es decir, se hizo una inversión multimillonaria en un inmueble que no cumple con los requisitos para funcionar como una residencia para jóvenes y adolescentes».
El categórico informe del órgano contralor
El informe de la CGR se pronuncia sobre el proceso de adquisición de un inmueble que realizó el GORE en Avenida Jorge Alessandri N° 893, en Punta Arenas, por $797 millones que requirió $432 millones extra para habilitarlo como hogar de menores.
Según la Contraloría, el Gobierno Regional no realizó licitación pública ni justificó mediante un acto administrativo el mecanismo de contratación directa. Tampoco se entregó información completa y oportuna al Consejo Regional, que aprobó dicha compra el 1 de julio de 2024.
Además, para la Contraloría, el mecanismo de trato directo «no se ajustó a derecho» y «no resultó procedente la adquisición del inmueble».
Un freno que evidencia anomalías
Hay que mencionar que un tema que complejiza el escenario para el gobernador regional, Jorge Flies y el juez tributario, Sergio Vera es la clausura física de la propiedad por parte de la Municipalidad de Punta Arenas.
El abogado, Juan Srdanovic aseguró que la envergadura de los hechos y las altas esferas de poder involucradas hacen inviable un tratamiento judicial ordinario, requiriendo garantías reforzadas de independencia. «La ciudadanía tiene el legítimo derecho a que esta causa sea investigada con el máximo rigor técnico, con total celeridad y sin ningún tipo de consideración o blindaje político o institucional», dijo.
El querellante, además, ingresó formalmente una carpeta con cerca de 30 diligencias investigativas complementarias destinadas a levantar el secreto bancario de los intervinientes y reconstruir la ruta del dinero. «Los hechos investigados involucran caudales públicos de todos los magallánicos y decisiones adoptadas de forma directa por altas autoridades de la región. La ciudadanía tiene el legítimo derecho a que esta causa sea investigada con el máximo rigor técnico, con total celeridad y sin ningún tipo de consideración o blindaje político o institucional», precisó Sdranovic.
Otro de los requerimientos planteados es que en forma perentoria el caso deje de ser visado exclusivamente a nivel local y se ordene la incorporación inmediata de las unidades de élite de la Fiscalía Nacional, como es el caso de la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción Pública, y la Unidad de Lavado de Activos.
El abogado Juan Srdanovic concluyó señalando que espera un pronto y categórico pronunciamiento por parte de la Fiscalía Nacional, advirtiendo de forma tajante que «en Chile ninguna persona puede quedar al margen del estricto escrutinio de la justicia por el cargo que desempeñe, por más alto que este sea».
