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Proyecto de Sala Cuna Universal abre debate sobre su financiamiento y el impacto para trabajadores independientes

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Expertos advierten que el debate debe centrarse en cómo financiar el beneficio sin afectar recursos destinados a la protección de los trabajadores frente a la cesantía.

El avance del proyecto de Sala Cuna Universal ha sido recibido positivamente por distintos sectores, al ampliar el acceso a un beneficio históricamente limitado para miles de familias. Sin embargo, especialistas advierten que el debate no solo debe centrarse en la cobertura, sino también en la forma en que se financiará la iniciativa.

La propuesta ingresó con indicaciones sustitutivas que buscan eliminar las restricciones del actual sistema y avanzar hacia una cobertura universal, junto con un mecanismo de implementación gradual que se extendería por cerca de cuatro años.

«El poder ejecutivo ingresó formalmente indicaciones sustitutivas al proyecto de ley de sala cuna universal dándole el carácter de discusión inmediata», explica Pedro Peña, Director del área de Litigación y socio de Soy Trabajador.

Entre los principales cambios se encuentra la eliminación de la denominada «barrera de las 20 trabajadoras», establecida en el artículo 203 del Código del Trabajo, requisito que durante décadas condicionó el acceso al beneficio.

Para Camila Cárdenas, jefa de Litigación y socia de Soy Honorario, esta modificación representa un avance importante para la equidad laboral. «Es importante valorar y señalar que, efectivamente, es un incentivo para la contratación femenina porque corrige una distorsión histórica de nuestro mercado laboral», afirma.

La especialista agrega que el sistema vigente generaba efectos no deseados en la contratación de mujeres. «Durante décadas, la obligación de financiar la sala cuna solo quedaba para las empresas de 20 trabajadoras y más, y eso generaba un incentivo perverso que, en algunos casos, encarecía la contratación y terminaba afectando las oportunidades laborales de las mujeres», señala.

Sin embargo, uno de los puntos que más discusión genera es el nuevo esquema de financiamiento. Según las indicaciones presentadas, se crearía una cotización adicional a cargo del empleador, compensada mediante una reducción equivalente en la cotización destinada al Seguro de Cesantía.

«Las principales indicaciones tratan sobre el nuevo modelo de financiamiento que se pretende, creando una cotización adicional a cargo del empleador, pero para neutralizar esos costos, a su vez se pretende compensar con una reducción equivalente en la cotización del seguro de cesantía y creando un fondo solidario», explica Peña.

Desde Soy Honorario advierten que este aspecto merece un análisis profundo, especialmente considerando que los recursos destinados al Seguro de Cesantía cumplen una función de protección frente a la pérdida del empleo.

«El debate no debe quedarse solamente en estos beneficios», sostiene Cárdenas. «Si el proyecto propone financiar la sala cuna universal mediante una cotización del 0,35% que va a ser compensada con otra cotización, que en este caso es la que se destina al seguro de cesantía, no se crean mayores costos para los empleadores, pero sí se van a reasignar recursos que actualmente fortalecen la protección de los trabajadores cuando pierden su empleo».

La discusión también cobra relevancia para los trabajadores independientes y a honorarios, quienes en los últimos años han incrementado su participación en el sistema previsional y esperan que la ampliación de beneficios no implique una disminución de otras coberturas ya existentes.

«Es legítimo preguntarse si ese beneficio debe provenir de fondos destinados a cubrir la cesantía o bien de los empleadores. El desafío pasa por garantizar que este nuevo derecho no debilite otro mínimo que ya está consagrado y como propio de los trabajadores», concluye Cárdenas.

Mientras el proyecto inicia su tramitación legislativa, el debate estará centrado en encontrar un equilibrio entre ampliar el acceso a la sala cuna, fomentar la participación laboral femenina y asegurar que el financiamiento de la medida no afecte derechos previsionales que hoy forman parte de la red de protección social de los trabajadores.

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