Eloísa Díaz, la primera mujer médica de Latinoamérica y Elena Caffarena, abogada e impulsora del voto femenino en Chile, estuvieron presentes en el discurso de la rectora UTEM Marisol Durán Santis al ser investida como la primera mujer en alcanzar la presidencia del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH.
La entidad, que agrupa a dieciocho planteles universitarios estatales del país, efectuó este martes 30 de junio una ceremonia de cambio de directorio en la Sala de Sesiones del Senado, en el ex Congreso Nacional de Santiago.
Con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola; la Subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés; la Subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Carolina Rossi; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; representantes de universidades chilenas e italianas, además del presidente saliente del Cuech, rector Osvaldo Corrales, la nueva líder del consorcio citó el caso de varias mujeres destacadas en la historia del país para enfatizar que los cambios requieren siempre un trabajo colectivo.
«No llego sola a este lugar. Llego acompañada por todas las que abrieron camino cuando hacerlo costaba mucho más y por las rectoras que hoy conducen sus instituciones y que imaginaron juntas qué necesitaba el CUECH para esta etapa», destacó en su discurso.
Cuatro ejes prioritarios
La nueva presidenta del consorcio fijó prioridades en cuatro importantes aspectos para las universidades del Estado: financiamiento institucional, regulaciones menos burocráticas, avance de la tecnología e IA con carácter ético y fortalecimiento del rol cívico.
«Necesitamos avanzar desde un modelo que asigna recursos según el número de estudiantes hacia un financiamiento institucional, estable y acorde a la misión que la ley nos encomienda. Los datos dan cuenta de esta urgencia: hoy cerca de la mitad del gasto estatal en educación superior se entrega como subsidio a la demanda -que sigue al estudiante y no a la institución- de modo que por esa vía el Estado llega a transferir más recursos a universidades privadas que a sus propias casas de estudio», subrayó Durán Santis.
Sobre el ítem regulatorio agregó que, mientras las universidades estatales compiten con sus pares privadas, deben también asumir leyes que «ralentizan» su gestión. «La Ley de Compras Públicas eleva nuestras adquisiciones en cerca de un 30%; el nombramiento de un académico puede tomar meses, frente a los días que demora una universidad privada; y la Ley de Transparencia nos obliga a publicar información estratégica -desde nuestros programas formativos hasta las remuneraciones de nuestros académicos-, que la competencia mantiene en reserva y que ha llegado a usarse para atraer a nuestros mejores profesores, especialmente en regiones», detalló.
También indicó que «la inteligencia artificial y la transformación digital están redefiniendo cómo enseñamos, cómo investigamos y cómo nos relacionamos. Las universidades del Estado tenemos la capacidad y la responsabilidad de liderar esta conversación: aportar criterio ético, formar a las nuevas generaciones para un mundo que cambia a gran velocidad e incidir en la legislación que el país discute sobre estas materias».
Agregó además su voluntad de que «el sistema de universidades del Estado siga siendo esa columna vertebral que proporciona espacios para el desarrollo humano y para el conocimiento al servicio del país. Formamos profesionales y, con ellos, ciudadanas y ciudadanos; y abrimos a cada región oportunidades que de otro modo no existirían».
