Las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela demandaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro en un tribunal de Estados Unidos, acusándolo de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal.
La demanda de 44 páginas, presentada el martes, afirma que Maduro ordenó a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) ejecutar a los hombres entre 2017 y 2020.
La querella indica que las víctimas son parte de miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FAES, que se disolvieron en 2021 tras denuncias de abusos, incluso por parte de Naciones Unidas.
Maduro está en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por cargos penales de narcotráfico, después de que el ejército estadounidense lo derrocara en una operación en Venezuela en enero.
Durante su presidencia, de 2013 a 2026, fue reiteradamente acusado de usar la represión para aferrarse al poder.
La demanda civil, presentada ante un tribunal federal en Brooklyn, sostiene que los asesinatos de los cinco jóvenes siguieron un patrón conocido de ejecuciones extrajudiciales bajo el gobierno de Maduro.
Describe cómo los agentes de las FAES llegaron a los barrios de las víctimas de madrugada, vestidos completamente de negro y con el rostro cubierto, y separaron a los hombres de sus familias antes de dispararles.
Luego, los funcionarios fabricaron relatos según los cuales las víctimas se habían «resistido a la autoridad».
«Maduro utilizó a las FAES como instrumento político y mecanismo de control social para reprimir violentamente la disidencia, aterrorizar a los barrios de bajos ingresos y eliminar a la oposición política», afirma la demanda.
«De hecho, las FAES son ampliamente consideradas un ‘escuadrón de la muerte’ o ‘grupo de exterminio'», añade.
La demanda sostiene que el Poder Judicial venezolano, sesgado, ha impedido que se rindan cuentas por los asesinatos.
Se espera que Maduro solicite inmunidad como jefe de Estado, informó The New York Times.
En su caso penal, en el que está acusado junto con su esposa Cilia Flores, el expresidente de Venezuela se ha declarado «prisionero de guerra» y no culpable de los cargos que enfrenta, entre otros, conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas.
