En medio de la controversia generada por el informe de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en el otorgamiento de permisos de residencia por reunificación familiar a niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana utilizando documentos sin las exigencias de legalización establecidas en la ley, los diputados Eduardo Durán y Andrés Celis presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, para que se investigue su eventual responsabilidad por el delito de prevaricación administrativa.
La acción judicial se funda en el informe final N° 541/2025 de la Contraloría, que concluyó que el memorándum N° 1886 de 2024 permitió establecer excepciones a requisitos y procedimientos fijados por la Ley de Migración y Extranjería mediante una simple instrucción administrativa, excediendo las atribuciones legales del Servicio Nacional de Migraciones.
El diputado Eduardo Durán señaló que «la Contraloría fue categórica al establecer que ningún funcionario público puede modificar mediante un memorándum lo que la ley establece. Cuando existen antecedentes de esta gravedad, corresponde que sea el Ministerio Público quien investigue si además existe responsabilidad penal».
Agregó que «el Estado de Derecho se sostiene precisamente en que las autoridades respeten los límites de sus atribuciones. Si un órgano administrativo puede alterar por sí solo requisitos establecidos por el legislador, se vulnera un principio básico de nuestra institucionalidad».
Por su parte, el diputado Andrés Celis afirmó que «esta denuncia busca que la Fiscalía esclarezca si aquí se configuró un delito. La Contraloría ya estableció que el memorándum se dictó al margen de las competencias legales del Servicio Nacional de Migraciones, y ahora corresponde que la justicia determine las eventuales responsabilidades penales».
Finalmente, Celis sostuvo que «las instituciones deben funcionar y nadie puede quedar al margen del control de la ley. Cuando un órgano contralor concluye que una autoridad actuó fuera de sus atribuciones, lo responsable es poner esos antecedentes a disposición del Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente».
La denuncia presentada solicita que la Fiscalía investigue la eventual comisión del delito de prevaricación administrativa previsto en el artículo 228 del Código Penal, atendidos los antecedentes contenidos en el informe de la Contraloría y los hechos expuestos en la presentación.
