Sergio Bobadilla, presidente de la instancia, y Ricardo Neumann, señalaron que el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la norma que eliminaba el beneficio de la gratuidad para quienes participaran en hechos de violencia al interior de establecimientos educacionales, tras los graves incidentes protagonizados este lunes por encapuchados en el Instituto Nacional.
Los diputados de la UDI e integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara, Sergio Bobadilla, presidente de la instancia, y Ricardo Neumann, reaccionaron con dureza a los graves hechos de violencia registrados este lunes en el Instituto Nacional, donde un grupo de encapuchados vestidos con overoles blancos protagonizó desórdenes, lanzó bombas molotov contra Carabineros, instaló barricadas y obligó a suspender las clases durante la jornada de la mañana.
Al respecto, los parlamentarios gremialista sostuvieron que estos hechos demuestran que el Tribunal Constitucional «debe hacerse cargo de la violencia y los destrozos que nuevamente protagonizan los overoles blancos», luego de haber declarado inconstitucional la norma que establecía la pérdida del beneficio de gratuidad para quienes cometieran actos de violencia y destrucción en establecimientos educacionales.
«Sin duda, estos delincuentes responden a la señal absolutamente equivocada que entregó el Tribunal Constitucional al eliminar una herramienta que buscaba sancionar a quienes utilizan los liceos como escenario para cometer delitos. El fallo terminó enviando un mensaje de impunidad a quienes destruyen la educación pública», señalaron Bobadilla y Neumann.
Los legisladores agregaron que «ahora el Tribunal Constitucional también debe responder por una sentencia que, en la práctica, les dio carta blanca a estos pseudo estudiantes para seguir cometiendo actos criminales, afectando a miles de jóvenes que sí quieren estudiar y desarrollarse en un ambiente seguro».
Asimismo, ambos parlamentarios manifestaron que «el Tribunal Constitucional le debe una explicación a los estudiantes y a sus familias, que observan con impotencia cómo su derecho a recibir una educación de calidad y en un ambiente seguro termina siendo menos relevante que el supuesto derecho de un grupo minoritario a destruir los establecimientos educacionales».
Finalmente, los diputados Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann advirtieron que «el fallo del Tribunal Constitucional terminó transformándose en una verdadera carta Gantt para la destrucción, las tomas y las funas, alentando a quienes utilizan la violencia como mecanismo de acción. El Estado tiene la obligación de proteger a los estudiantes, a los docentes y a las comunidades educativas, y no de debilitar las herramientas para enfrentar a quienes delinquen al interior de los establecimientos».
