El proceso de traspaso de mando en Colombia entró en una fase de alta tensión luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la suspensión del empalme con el Gobierno saliente, tras las declaraciones del mandatario Gustavo Petro cuestionando la legitimidad de las nuevas autoridades.
Para Edgar Fuente Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, se trata de una situación excepcional en la práctica constitucional reciente de Colombia, aunque enmarcada en un escenario de creciente tensión política.
«El empalme no es un requisito para la transmisión del mando ni para que el presidente electo asuma el cargo. Es un mecanismo administrativo que facilita la continuidad del Estado, por lo que su suspensión tiene consecuencias principalmente políticas y administrativas, más que constitucionales», explica.
El académico añade que, pese a la suspensión, la institucionalidad continúa operando, ya que ambas partes han manifestado que seguirán preparando informes y coordinándose con organismos autónomos. Respecto de las declaraciones de Gustavo Petro, el experto sostiene que el principal problema no radica en interpretar sus intenciones, sino en el efecto institucional que pueden generar.
«No existen antecedentes suficientes para afirmar que exista una voluntad de desconocer el resultado electoral. Sin embargo, cuando es el presidente de la República quien instala dudas sobre la legitimidad del proceso, sin una controversia jurídicamente acreditada, puede terminar debilitando la confianza ciudadana en las instituciones electorales.»
En cuanto a los efectos para el próximo gobierno, estima que la suspensión difícilmente impedirá la instalación de la nueva administración el 7 de agosto, aunque sí podría dificultar sus primeros meses.
«Una transición menos fluida probablemente implicará mayores revisiones, auditorías y controles. Además, el empalme también cumple una función de transparencia, porque permite conocer con claridad la situación financiera y administrativa que recibe el gobierno entrante”, comenta.
Finalmente, el constitucionalista considera que Colombia cuenta con mecanismos institucionales para enfrentar este conflicto, pero advierte que el principal desafío será político.
«No está en discusión quién ganó las elecciones. Lo que hoy está en juego es el nivel de confrontación con el que comenzará el próximo gobierno y la capacidad de los actores políticos para actuar con prudencia, responsabilidad institucional y lealtad constitucional.»
A juicio del experto, lo más probable es que el proceso de transición termine retomándose, aunque las tensiones políticas continúen hasta el cambio de mando.
