Entre las materias aprobadas, se faculta a las empresas privadas a exigir una indemnización económica estatal en caso de que un tribunal revoque una Resolución de Calificación Ambiental.
Este mediodía la Comisión de Trabajo y Previsión Social comenzará el análisis en particular del proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. Esto luego la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales revisara las 207 indicaciones presentadas al texto.
Así la próxima semana, la Comisión de Hacienda hará lo propio, de manera que la Sala del Senado pueda votar la llamada megarreforma la tarde del miércoles 15 de julio. Así lo acordaron los comités parlamentarios, lo que fue informado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.
En cuanto a la instancia de Medio Ambiente, sus integrantes (los senadores Sergio Gahona como presidente y los integrantes Andrés Longton, Alfonso De Urresti y Ricardo Celis. Los senadores Diego Ibáñez y Carlos Kuschel también asistieron a la instancia) se abocaron a analizar las enmiendas de los parlamentarios y del Ejecutivo en jornada matinal y vespertina. Esta última se extendió hasta pasada la medianoche.
LO APROBADO
En lo sustancial, se aprobaron las siguientes materias:
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Se faculta a las empresas privadas a exigir una indemnización económica estatal (restitución de gastos) en caso de que un tribunal revoque una Resolución de Calificación Ambiental.
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En cuanto a los plazos de tramitación administrativa, los órganos sectoriales darán respuesta a los proyectos de inversión en tramitación, en el plazo de un año considerando todos los actos administrativos del Estado.
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Respecto al plazo para la invalidación de una Resolución de Calificación Ambiental, es decir, para que un tercero presente un recurso legal y administrativo para dejar sin efecto un permiso ambiental ya aprobado, el plazo quedó en un año.
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Para el caso de las Evaluaciones de Impacto Ambiental reclamadas, quienes hubiesen formulado observaciones durante el proceso de participación ciudadana solo podrán fundar su reclamación en dichas observaciones, así como en vicios procedimentales de carácter esencial. Y quienes no hubiesen formulado observaciones, solo podrán fundarla en aspectos que no hayan sido evaluados y que le generen una afectación directa, así como en vicios procedimentales de carácter esencial.
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En cuanto a las relocalizaciones de las concesiones acuícolas, estas pasarán por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debiendo presentarse un plan de abandono y cierre. También se introdujo el concepto de microrelocalizaciones, refiriéndose a aquella que no supere los 350 metros respecto a la zona original.
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También se eliminó la exigencia de tecnología de los titulares de las concesiones acuícolas con el fin de monitorear los parámetros ambientales de las zonas o áreas geográficas en las que se desarrolla la acuicultura.
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Tratándose de modificaciones de un proyecto o actividad que cuente con Resolución de Calificación Ambiental favorable y cuyas partes, obras o acciones que intervengan o complementen se ejecuten en la misma faena o área intervenida originalmente evaluada, solo requerirá una nueva evaluación ambiental si existiere un cambio de consideración en términos de magnitud o extensión de los impactos ambientales.
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Se establecerá un régimen especial de tramitación y evaluación de impacto ambiental, al cual podrán acogerse voluntariamente los titulares de proyectos o actividades que se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
INDICACIONES Y CONSTITUCIONALIDAD
Durante la noche, los senadores De Urresti, Celis e Ibáñez manifestaron su molestia luego que el Ejecutivo hiciera suyas unas adecuaciones presentadas por los senadores Gahona y Longton a una indicación de su autoría, argumentando que el plazo para presentar propuestas se cerró el lunes 6 de julio a las 20 horas. Por su parte, el Ejecutivo argumentó que se presentó una modificación que ya contaba con la firma del Gobierno y que se encontraba dentro del marco normativo.
Esto generó que los senadores de oposición decidieran retirarse de la comisión, por lo que la votación siguió sólo con los senadores del oficialismo.
A su vez, los parlamentarios De Urresti, Celis e Ibáñez explicaron que presentarán una reserva de constitucionalidad respecto de los artículos que reforman el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que abordan la restitución de gastos por la anulación judicial de una resolución de calificación ambiental (RCA).
A juicio de los senadores, la reserva se fundamenta en una eventual infracción a los artículos de la Constitución, relacionados con el debido proceso, la igualdad ante las cargas públicas, la responsabilidad del Estado y la independencia y atribuciones de los tribunales de justicia.
