La Unidad Anticorrupción e Investigación Especializada de la Fiscalía de Atacama formalizó este miércoles una causa penal por delitos de fraude al fisco, cohecho, ilícitos informáticos y documentación falsa, respecto de actuaciones ilegales de una exfuncionaria de la Municipalidad de Copiapó y dos particulares.
La dirección de esta investigación está a cargo del fiscal Luis Miranda Flores, quien argumentó los antecedentes y medios de prueba reunidos junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. En la audiencia, Miranda comentó que los hechos indagados, dicen relación con la manipulación intencional del campo informático CAS Chile que realizó la imputada, consiguiendo con ello un recálculo y una rebaja ilegal del permiso de circulación del vehículo cuyos datos fueron modificados por la detenida lo que además permitía borrar del sistema otras multas impagas. Detenida que se desempeñó en el municipio bajo la modalidad de honorario desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2026.
«El caso que permitió detectar la comisión de estos delitos involucró a dos particulares, uno de los cuales recurrió a un conocido para poder regularizar los documentos de un vehículo que mantenía deudas impagas en la Municipalidad de Río Claro. Ello involucró el pago de un monto de más de 2 millones de pesos a la imputada, quien de manera irregular modificó la plataforma informática para reducir considerablemente el monto a pagar para lograr la regularización del vehículo. Todo ello, quedó al descubierto en marzo de este año cuando el imputado, dueño del móvil, quiso realizar el trámite de permiso de circulación», dijo el fiscal.
Además de ello, Miranda informó que durante la investigación de estos hechos surgieron antecedentes de otras 92 operaciones similares, varias de ellas que beneficiaron ilegalmente a vehículos de alta gama y aplicadas de manera reiterada a algunos móviles, incluyendo aquellos que están inscritos a nombre de empresas a las que se modificó la franquicia de uso para discapacidad.
“Esta investigación está en pleno desarrollo y nos resta ubicar al universo de personas que obtuvieron beneficios ilegales a partir de la modificación de este tipo de franquicia que, en esta etapa de la causa, se contabilizan 30. No descartando que puedan surgir más casos y otros partícipes”, explicó el fiscal.
PDI
Sobre este caso, el comisario Miguel Huerta de la Bridec Copiapó, indicó que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, realizaron una serie de diligencias investigativas en conjunto con la Fiscalía de Atacama, en virtud de una denuncia cursada por la Municipalidad de Copiapó, la cual hacía referencia a irregularidades en pagos de permisos de circulación. En este sentido indicó que el trabajo policial permitió acreditar que una exfuncionaria municipal utilizaba sus credenciales para modificar la información que se ingresaba al sistema, dando cuenta de pagos menores al dinero que recibía de terceros por llevar a cabo el trámite de regularización de los permisos de circulación.
“Las indagatorias establecieron la participación de tres personas en tras acreditar la emisión fraudulenta de los permisos de circulación, modificando la información en el sistema para ingresar valores menores tras evadir el pago de impuestos. De esta forma, se gestionaron órdenes judiciales de detención, las cuales fueron materializadas por oficiales policiales de la Bridec Copiapó, logrando la captura de los tres imputados, una mujer y dos hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad chilena”, dijo.
PRISION PREVENTIVA
En la audiencia la Fiscalía, junto al Consejo de Defensa del Estado y el Municipio, que son parte querellantes en este caso, solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad en contra de la imputada, petición que fue acogida por el Juez de turno quien ordenó su ingreso a la cárcel de esta ciudad. Esto como autora de los delitos reiterados de fraude al fisco, el ilícito informático de adulteración de datos y falsificación de documentos computacional.
Respecto de los imputados particulares, a quienes se indaga por el delito de cohecho, se determinó que deberán cumplir arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Finalmente, se fijó un plazo de seis meses para la ejecución del resto de las diligencias de este caso.
