El gremio señala que pese a avances de la iniciativa, podría generar mayores tiempos de operación, congestión en centros logísticos, exigencias de inversión significativas y duplicidad de controles, sin una adecuada evaluación de sus impactos económicos y operativos.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) observa con preocupación el avance del proyecto de ley que modifica las normas relativas al autocontrol en materia de pesaje de carga, actualmente en tramitación en el Senado. Si bien la iniciativa busca fortalecer la protección de la infraestructura vial -objetivo que compartimos plenamente-, su diseño plantea desafíos relevantes para la operación logística, al trasladar a las empresas funciones de control, registro y certificación que pueden afectar la continuidad de las cadenas de abastecimiento.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, señaló que «valoramos las mejoras incorporadas por el Ejecutivo al proyecto, sin embargo, una regulación de esta magnitud debe asegurar reglas claras, responsabilidades bien definidas y una adecuada evaluación de sus impactos. Proteger la infraestructura vial es un objetivo compartido, pero ello debe lograrse resguardando también la competitividad, la eficiencia logística y la capacidad de crecimiento del país».
El gremio advierte que, en su formulación actual, el proyecto podría generar mayores tiempos de operación, congestión en centros logísticos, exigencias de inversión significativas y duplicidad de controles, sin una adecuada evaluación de sus impactos económicos y operativos.
La CCS valora las indicaciones presentadas por el Ejecutivo el pasado 10 de junio, que introducen avances importantes respecto del texto originalmente aprobado por la Cámara de Diputados. Entre ellos, destacan la incorporación de criterios de gradualidad en la implementación, la exclusión de vehículos de menor impacto vial, el reconocimiento de contingencias operativas y la posibilidad de establecer soluciones flexibles, como sistemas de control compartidos o puntos de pesaje alternativos. Estas mejoras contribuyen a hacerse cargo de parte de las preocupaciones levantadas por el sector productivo y logístico.
No obstante, para la entidad gremial persisten aspectos complejos que requieren perfeccionamiento. En particular, subsisten dudas sobre la adecuada delimitación de los sujetos obligados y la distribución de responsabilidades en la cadena logística; el riesgo de trasladar funciones fiscalizadoras propias del Estado hacia el sector privado; la falta de reconocimiento de sistemas tecnológicos y de control ya existentes; y la ausencia de una evaluación costo-beneficio que permita dimensionar adecuadamente los efectos de la regulación.
Asimismo, la aplicación uniforme del sistema podría generar impactos desproporcionados en operaciones de bajo riesgo o en instalaciones con limitaciones de infraestructura.
En este contexto, la CCS propone avanzar en una serie de ajustes que permitan compatibilizar los objetivos de resguardo de la infraestructura vial con el adecuado funcionamiento de la logística y el comercio:
- Clarificar la distribución de responsabilidades, evitando la superposición de obligaciones entre generadores, operadores y otros actores.
- Precisar los criterios de aplicación del sistema, en particular la definición de «lugar de embarque o recepción».
- Fortalecer y ampliar los criterios de exclusión a vehículos pesados, de 2 o más ejes, cuyo peso bruto total sea inferior a 18 toneladas o aquellos cuyo peso bruto total sea inferior a 21 toneladas y cuenten con tres o más ejes.
- Adoptar un enfoque basado en riesgo, focalizando los controles en aquellas operaciones con mayor impacto potencial.
- Reconocer equivalencias tecnológicas, incorporando soluciones de trazabilidad y control ya disponibles en el sector.
- Evitar duplicidades regulatorias, coordinando la implementación con otros organismos públicos.
- Revisar la proporcionalidad del régimen sancionatorio, diferenciando entre incumplimientos estructurales y contingencias operativas.
- Realizar una evaluación costo-beneficio, previa a la entrada en vigencia del sistema.
La CCS reitera su disposición a colaborar con el Ejecutivo y el Congreso en el perfeccionamiento de este proyecto, con el objetivo de alcanzar una regulación que resguarde eficazmente la infraestructura vial, sin afectar la eficiencia logística, la competitividad del comercio ni la continuidad de las cadenas de abastecimiento.
«Chile necesita fortalecer su infraestructura y modernizar sus mecanismos de fiscalización, pero también avanzar con regulaciones que promuevan la inversión, la productividad y el crecimiento. La protección de la infraestructura vial y la competitividad del país no son objetivos contrapuestos; una buena regulación debe ser capaz de fortalecer ambos objetivos simultáneamente», concluyó María Teresa Vial.
