A diez años de la implementación de la normativa, especialistas revisaron la primera evidencia científica sobre los efectos que ha tenido en la salud de niños y niñas en etapa escolar y debatieron los desafíos que enfrenta el país para seguir avanzando en la prevención de la obesidad y promoción de una alimentación saludable.
Hasta la sede Presidente Errázuriz de la Universidad Adolfo Ibáñez llegaron expertos en salud, políticas públicas y agentes de la industria alimentaria para ser parte del seminario “De Chile al mundo: lecciones de la Ley de Etiquetado de Alimentos a diez años desde su implementación”, organizado por la Escuela de Negocios UAI y el INTA de la Universidad de Chile.
En el encuentro se presentaron los principales resultados del estudio The impact of Chile’s multipronged food labelling and advertising law on early childhood excess weight: a cohort difference-in-differences study, publicado recientemente en la prestigiosa revista científica The Lancet.
Según mostró la académica de la Escuela de Negocios UAI Nieves Valdés, coautora de la investigación, la Ley N° 20.606 sobre la Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad —comúnmente conocida como Ley de Etiquetado— redujo significativamente el exceso de peso entre 1,9 y 2,9% y el puntaje z de IMC ajustado por edad entre los niños y niñas expuestos a la ley durante los niveles escolares iniciales —pre-kínder, kínder y primero básico—.
Valdés explicó que estos efectos son más pronunciados cuando la exposición comenzó más temprano, en niños y niñas de madres con mayor nivel educativo, con menor peso al nacer, que asisten a escuelas privadas subvencionadas y que viven en zonas urbanas.
Por su parte, la coautora Camila Corvalán, académica e investigadora del INTA de la Universidad de Chile, afirmó que, tras la implementación de la normativa, los sellos son comprendidos por los consumidores, han incentivado cambios en las decisiones de compra y han impulsado a la industria a reformular productos reduciendo nutrientes críticos como sodio, azúcares y grasas saturadas. Además, señaló que las compras de alimentos con sellos han disminuido y que se observan cambios positivos en los hábitos de consumo infantil, especialmente en el ámbito escolar.
Guillermo Paraje, académico e investigador de la Escuela de Negocios UAI, quien lideró el estudio, analizó los efectos económicos de la normativa e indicó que no existen razones para pensar que la ley tuvo un impacto sobre la sostenibilidad de las empresas, sino únicamente sobre los presupuestos de los hogares.
“La participación en el presupuesto de los hogares de alimentos que tenían sellos pasó de casi un 43% a un 33%. Esto no quiere decir que dejaran de comprarlos, sino que pasaron de un tipo de alimentos a otros. Y esta caída, básicamente, no tuvo diferencias según nivel socioeconómico”, aclaró.
Los desafíos persisten
Luego de la presentación del estudio se realizó un panel integrado por Jaime Mañalich, exministro de Salud e investigador principal en Clapes UC; Guido Girardi, impulsor de la ley y vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, y Daniela Godoy, oficial principal de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO para ALC, quienes se refirieron a cómo se debe seguir avanzando en términos de políticas públicas una vez ya demostrada la efectividad de esta normativa.
Godoy señaló que el principal reto actualmente es mejorar el acceso económico a dietas saludables, que deben cumplir cuatro principios: ser adecuadas, balanceadas, moderadas y diversas. Sostuvo que aún faltan medidas que promuevan dietas más adecuadas y diversas, por lo que es vital fortalecer los programas de alimentación escolar mediante cambios en los menús e incorporar productos de la agricultura familiar y de la pesca artesanal. “Esto permitiría ofrecer alimentos frescos, mejorar la aceptación por parte de niños y niñas y generar ingresos para comunidades locales, especialmente para las mujeres”, señaló.
Además, propuso reforzar políticas de protección social y avanzar en subsidios para frutas y verduras destinados a grupos más vulnerables, con el fin de facilitar el acceso a dietas saludables.
Por su parte, Jaime Mañalich planteó que el siguiente paso en materia de políticas públicas debería ser implementar un etiquetado específico para los alimentos ultraprocesados, incluyendo los que no son envasados.
También propuso revisar y fortalecer los llamados impuestos saludables. Una reforma tributaria que combine mayores gravámenes a productos poco saludables e incentivos o subsidios para opciones más saludables podría ser la respuesta a generar cambios significativos en los patrones de consumo.
Finalmente, Guido Girardi sostuvo que los sistemas alimentarios deberán transformarse para enfrentar simultáneamente los desafíos de la seguridad alimentaria y el cambio climático. En ese contexto, destacó el potencial de Chile para desarrollar alimentos sostenibles basados en recursos marinos, como la acuicultura y las algas.
“Aquí finalmente no importa cuál sea la ideología. Si no queremos enfrentar un desastre, vamos a tener que ponernos a trabajar en serio”, concluyó Girardi.
