La iniciativa, impulsada por el diputado Javier Olivares y respaldada por la Bancada del Partido de la Gente, busca que los municipios y empresas concesionarias mantengan siempre una alternativa de pago presencial para los estacionamientos en la vía pública, evitando que los conductores sean sancionados o acumulen intereses por no utilizar aplicaciones móviles o códigos QR.
Cada vez son más las comunas del país donde el pago de parquímetros funciona exclusivamente mediante aplicaciones móviles o códigos QR. En muchos casos, si un conductor no cuenta con un teléfono inteligente, acceso a internet o simplemente no sabe utilizar estas plataformas, no tiene cómo pagar el servicio y termina enfrentando multas, intereses o cobros adicionales por una situación que escapa completamente de su voluntad.
Con el objetivo de terminar con este problema, la Bancada del Partido de la Gente presentó un proyecto de ley, impulsado por el diputado Javier Olivares, que modifica la normativa vigente para garantizar que los municipios y las empresas concesionarias mantengan permanentemente alternativas de pago presenciales, ya sea mediante personal autorizado, tótems de atención o cualquier otro mecanismo que permita pagar en efectivo o con tarjeta, además de las plataformas digitales. Asimismo, la iniciativa establece que, cuando no exista esa alternativa física, los usuarios no podrán ser afectados con multas, intereses ni denuncias por esa causa.
El diputado Javier Olivares, autor de la iniciativa, explicó que el proyecto responde a una necesidad que miles de personas han planteado en distintas comunas del país.
“Una importante cantidad de personas nos ha planteado la imposibilidad que muchas veces tienen cuando llegan a un estacionamiento público y descubren que solo se puede pagar mediante un código QR o una aplicación. Eso nos parece un absurdo. Nadie está obligado a tener un teléfono inteligente ni a descargar aplicaciones para poder pagar un servicio. Quienes cobran un estacionamiento deben ofrecer distintas alternativas de pago, no imponer una sola.”
La diputada Lilian Betancurt destacó que el proyecto busca evitar que la brecha digital termine perjudicando a quienes tienen mayores dificultades para acceder a estas tecnologías.
“No podemos aceptar que un adulto mayor, una persona con discapacidad o alguien que no tiene acceso a internet reciba una multa simplemente porque no pudo pagar mediante una aplicación. La tecnología debe facilitar la vida de las personas, no transformarse en una nueva forma de exclusión.”
Por su parte, el diputado Alex Nahuelquín enfatizó que la modernización debe ir de la mano con la libertad de elección de los usuarios.
“Modernizar no significa obligar a todos los ciudadanos a usar un solo sistema de pago. Los chilenos deben tener la libertad de elegir cómo pagar un servicio público, ya sea con efectivo, tarjeta o medios digitales. La innovación solo tiene sentido cuando incluye a todos.”
En tanto, el diputado Patricio Briones recalcó que la responsabilidad de ofrecer mecanismos de pago accesibles debe recaer en quienes administran el servicio.
“Cuando un municipio o una empresa decide cobrar por un servicio, también debe hacerse responsable de ofrecer mecanismos de pago accesibles. No puede trasladar el costo de la digitalización a los usuarios ni convertir una falla del sistema en una multa para los ciudadanos.”
El proyecto modifica la Ley N° 20.967, que regula el cobro de servicios de estacionamiento, y la Ley de Tránsito, incorporando la obligación de mantener mecanismos físicos de pago en los estacionamientos administrados por municipalidades o concesionarios. Además, establece que la ausencia de una alternativa presencial constituirá una falta de servicio del operador, impidiendo que esa situación derive en multas, intereses o denuncias contra los usuarios. De esta forma, la iniciativa busca compatibilizar el avance tecnológico con un principio básico: que ningún chileno quede excluido de un servicio público por no contar con un teléfono inteligente o una aplicación.
