La iniciativa plantea reducir a cinco días el plazo para reclamar una expulsión y elimina la posibilidad de presentar un recurso cuando la persona no pueda realizarlo.
Respecto a la iniciativa que pasó a comisión mixta, la diputada por el distrito 6 de la región de Valparaíso, Sofía González, planteó que “nuestro país necesita una política migratoria seria, ordenada y responsable. La ciudadanía tiene derecho a exigir fronteras controladas y también a exigir que aquellas personas irregulares que cometen un delito sean expulsadas conforme a la ley”.
La parlamentaria que recordó que el proyecto busca reducir a solo cinco días el plazo para reclamar una expulsión y elimina la posibilidad de que un familiar, un abogado o una organización pueda presentar ese recurso cuando la persona afectada no puede hacerlo por sí misma, manifestó que “nos preocupa que la expulsión ya no se suspenda automáticamente mientras un tribunal revisa el caso. Porque perfectamente alguien podría ser expulsado antes de que un juez alcance siquiera a decir si esa decisión fue correcta o no”.
La legisladora valoró “que durante la discusión se incorporará la autorización judicial para que la PDI pueda ingresar a un domicilio. Ese cambio mejora el proyecto y protege un derecho tan básico como que nadie pueda llegar y entrar a tu casa, sin un permiso debidamente justificado. Pero siguen existiendo normas que entregan demasiado espacio a decisiones administrativas, utilizando conceptos amplios que pueden prestarse para arbitrariedades”, aseguró Sofía González.
La parlamentaria destacó que “yo también quiero que el crimen organizado sea perseguido con toda la fuerza de la ley. Quiero que se controle la migración irregular y que quienes cometan delitos enfrenten las consecuencias. Pero, parece que se les olvida que, ser migrante no te transforma en un delincuente. También se les olvida que muchos de los apellidos que hay en esta cámara, llegaron como migrantes”.
Por último, la diputada Sofía González manifestó que “cuando el Estado actúa sin suficientes controles, el riesgo es que terminemos aceptando que una autoridad pueda tomar decisiones de este nivel sin contrapesos, ya que la seguridad y el respeto por los derechos no son caminos opuestos. Un Estado fuerte es aquel que es capaz de garantizar ambas cosas al mismo tiempo”.
