• Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la PUCV, María Teresa Blanco, afirma que la recuperación requiere políticas focalizadas para las empresas de menor tamaño y mecanismos que permitan restablecer con rapidez la actividad productiva.
La activación de subsidios directos para las pequeñas y medianas empresas, alivios tributarios, líneas de crédito con garantía estatal, programas de retención del empleo, la agilización de inversiones en infraestructura resiliente y medidas para facilitar el comercio exterior, son parte de las iniciativas que podrían aplicarse para enfrentar el impacto económico del sistema frontal que ha afectado al país, de acuerdo a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, María Teresa Blanco.
La académica advirtió que, en un escenario de bajo crecimiento y alta incertidumbre, la respuesta debe diferenciar las necesidades de las MiPyMEs y las grandes empresas para evitar una mayor paralización de la actividad productiva y acelerar la recuperación económica.
Indicó que, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que operan con márgenes estrechos y flujos de caja limitados, el foco gubernamental debe orientarse a garantizar su supervivencia mediante una rápida inyección de liquidez. “Para ello, resulta crucial la activación urgente de subsidios directos no reembolsables a través de agencias estatales como Sercotec o Corfo, destinados al financiamiento de capital de trabajo y reparación de infraestructura”, manifestó Blanco.
A juicio de la decana, también resulta indispensable establecer un alivio tributario mediante la postergación temporal del pago del IVA, reforzar las líneas de crédito con garantía estatal mejorada —al estilo FOGAPE— e implementar programas de retención del empleo que cofinancien remuneraciones para evitar despidos masivos en las zonas afectadas.
Respecto de las grandes empresas e industrias estratégicas, como la minería, la agroindustria, los puertos y el retail, la académica explicó que estas no requerirían asistencia social directa, sino condiciones que permitan recuperar rápidamente la operación. En ese contexto, propone implementar un fast-track o ventanilla única que agilice los planes de inversión privada en infraestructura resiliente y simplifique la tramitación de permisos.
A ello se suma el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para acelerar la reparación de infraestructura crítica mediante concesiones y licitaciones expeditas, aprovechando la capacidad de ejecución inmediata del sector privado.
Asimismo, planteó avanzar en la modernización de los protocolos de contingencia e incentivar la resiliencia energética mediante beneficios tributarios, como la depreciación acelerada para inversiones en electromovilidad y sistemas energéticos descentralizados, reduciendo la vulnerabilidad de la gran industria frente a futuros apagones. Estas medidas, agregó, deben complementarse con una facilitación urgente del comercio exterior, coordinando la logística en aduanas y pasos fronterizos para restablecer el flujo de exportaciones e importaciones afectadas por los temporales.
Un escenario económico complejo
Las propuestas de la decana se enmarcan en un contexto particularmente delicado para la economía nacional. La emergencia climática, marcada por intensas precipitaciones y fuertes vientos, coincide con un momento en que las proyecciones de crecimiento para Chile en 2026 fueron ajustadas a un 1,8%, en medio de un persistente estancamiento de la actividad económica y preocupantes cifras de desempleo.
En ese escenario, Blanco sostuvo que, más allá de las inundaciones, los cortes de caminos y los daños en viviendas, los sistemas frontales de gran intensidad dejan una huella menos visible, pero igualmente profunda, sobre el desempeño de la economía.
A nivel macroeconómico, explicó que los daños a viviendas, bordes costeros e infraestructura pública, como puentes y caminos, obligarán al Estado a destinar recursos extraordinarios para la reconstrucción, desviando fondos en un año en que el Gobierno busca contener el déficit fiscal estructural.
En el ámbito productivo y logístico, las consecuencias también comienzan a hacerse evidentes. La Confederación de Ferias Libres (ASOF) alertó que el deterioro de caminos rurales, la imposibilidad de cosechar y la saturación de los suelos retrasan las labores agrícolas de invierno y amenazan la cadena de suministro de frutas y verduras, anticipando alzas de precios para los consumidores.
“A estos daños estructurales en la agricultura —sector que tuvo un arranque histórico a principios de año— se suma la alteración del comercio exterior, luego de que diversos recintos portuarios debieran suspender temporalmente la recepción y despacho de carga a causa de las fuertes marejadas”, precisó Blanco.
La contingencia también repercute en el mercado laboral y en la rutina diaria. El anegamiento de calles, las alertas de evacuación y la suspensión masiva de clases obligan a numerosos trabajadores a permanecer en sus hogares para cuidar a sus familias o resguardar sus bienes.
“En suma, la contingencia actúa como un freno temporal que, más allá del impulso artificial en la venta de insumos de emergencia, advierte que el costo de la paralización, la reconstrucción y el impacto inflacionario en los alimentos básicos dejarán un saldo económico negativo para este tercer trimestre”, destacó la académica.
