Durante un acto de aniversario por la revolución sandinista, el líder nicaragüense anunció reformas legales para impedir que la oposición dispute el poder.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció el domingo en Managua el fin de la alternancia democrática al anunciar explícitamente que su régimen no permitirá más procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.
Durante un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, el mandatario de 80 años cerró la puerta a cualquier mecanismo de cambio político a través de las urnas, de cara a los comicios que teóricamente deberían celebrarse en 2027.
«Pero que se olviden. Aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder», enfatizó el líder sandinista en el evento al referirse a las aspiraciones de los grupos opositores en el exilio
La estrategia del Ejecutivo para materializar este cierre de la vía electoral se centrará en la creación de nuevas normativas legales. Ortega adelantó que trabajará junto a la Asamblea Nacional, órgano que se encuentra subordinado a la Presidencia, para establecer impedimentos jurídicos que bloqueen la participación de sectores críticos.
El objetivo es construir un blindaje legal contra quienes el mandatario califica como «golpistas» o «vendepatrias», asegurando que ningún financiamiento externo permitirá a la oposición competir por el mando del país.
El régimen de Ortega ha dejado de reconocer a los demás órganos estatales como poderes independientes, asumiendo la coordinación total de los mismos y legalizando medidas extremas como la apatridia para sus adversarios.
Este pronunciamiento ocurre tras una profunda reforma a la Constitución Política implementada en febrero de 2025. Dichas enmiendas transformaron la estructura del Estado nicaragüense al eliminar el balance de poderes, ampliar el periodo presidencial de cinco a seis años y elevar a Rosario Murillo, la esposa de Ortega, al cargo de ‘copresidenta’.
Diversos analistas y figuras de la oposición han reaccionado a este anuncio señalando que el régimen busca formalizar un sistema similar al de Cuba, China o Corea del Norte.
Para el dirigente opositor desterrado Juan Sebastián Chamorro, las declaraciones de Ortega representan la caída de la última fachada de su gobierno, revelando una intención de instaurar un sistema de «centralismo» donde las decisiones y designaciones se realicen de forma interna dentro del partido hegemónico, sin someterse a la voluntad popular.
«Ortega se ha quitado una máscara más, la que no quiere bajo ninguna circunstancia que vuelvan a elecciones en Nicaragua», declaró el líder opositor en un audio enviado a los medios de comunicación desde el exilio.
La consolidación de este modelo también ha sido interpretada por expertos legales como el paso final hacia la perpetuación de una dinastía familiar.
Según el abogado nicaragüense y opositor en el exilio Juan Diego Barberena, la novedad radica en que el régimen ya ni siquiera pretende organizar los procesos electorales que anteriormente eran calificados como «pantomimas» por la comunidad internacional.
«Desde hace dos décadas el derecho a elegir estaba conculcado, pero ahora Ortega está diciendo que ni siquiera las elecciones fraudulentas, las pantomimas que organizaban, van a realizarse», afirmó en declaraciones recogidas por el diario El País de España.
En este contexto, la figura de Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, emerge como una pieza clave en la sucesión del poder dentro de una estructura estatal que se cada vez más se consolida como una de las dictaduras más severas de la región.
