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Trabajando por la defensa de los derechos de los contribuyentes. Por Ricardo Pizarro Alfaro, Defensor Nacional del Contribuyente

La Cuenta Pública Participativa 2026 de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) nos entregó una señal alentadora. Durante el 2025 recibimos 2.501 solicitudes de atención y entregamos 1.409 servicios especializados, alcanzando un crecimiento sostenido de las atenciones que brindamos a lo largo del país.

Este crecimiento en las atenciones de la Defensoría del Contribuyente también se refleja a nivel regional. Entre 2023 y 2025, ocho regiones del país registraron incrementos superiores al 100% en la prestación de servicios, destacando Tarapacá (225%), Magallanes y de la Antártica Chilena (214%), Valparaíso (209%) y La Araucanía (187%).

Pero más que un indicador de crecimiento institucional, estas cifras reflejan que cada vez más contribuyentes conocen sus derechos y confían en que existe un organismo capaz de orientarlos, acompañarlos y, cuando corresponde, defenderlos ante un problema tributario que puedan tener con el Servicio de Impuestos Internos (SII), Tesorería General de la República o el Servicio Nacional de Aduanas.

Otro antecedente relevante de la gestión es que hemos alcanzado un 81% de efectividad en la representación administrativa para resolver algún problema tributario del contribuyente con el SII, lo cual es un antecedente muy importante del aporte de la DEDECON en materia de justicia tributaria.

Pero aquí no se trata de enfrentar al Estado, sino de construir una relación más justa, transparente y basada en la confianza, donde se resguarde el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, al mismo tiempo, se respeten plenamente los derechos de los contribuyentes. No debemos olvidar que nuestro sistema tributario se sustenta en el principio de buena fe y que, por lo mismo, debe garantizar que cada persona pague lo que corresponde: ni más, ni menos.

Uno de los avances importantes del último año para la Defensoría fue la incorporación de nuevas atribuciones, como la representación judicial y el acompañamiento tributario, las cuales nos han permitido ampliar el marco de acción y fortalecer los servicios que entregamos.

Precisamente, la educación tributaria forma parte del foco principal de nuestra gestión institucional. Durante el 2025 realizamos 386 actividades en todo Chile, alcanzando a más de 13.500 participantes. Si miramos el proceso completo, en poco más de cuatro años ya hemos capacitado a más de 33 mil contribuyentes de todo el país. Creemos firmemente que una ciudadanía mejor informada no solo ejerce mejor sus derechos, sino que también cumple de mejor manera sus obligaciones tributarias.

Nuestro trabajo también busca generar cambios que trasciendan los casos individuales. A través de Informes Técnicos identificamos problemas sistémicos que afectan a miles de contribuyentes y desarrollamos junto a expertos medidas que atacan de raíz el problema. Durante el último año propusimos medidas para perfeccionar procedimientos relacionados con: la Operación Renta, las devoluciones de impuestos, las rectificaciones tributarias, entre otros procesos relevantes. Cuando logramos corregir una falla estructural, no solo resolvemos un problema puntual: evitamos que vuelva a repetirse para muchas otras personas.

A poco más de cuatro años de su inicio, la Defensoría del Contribuyente ha logrado transformarse en un aporte al fortalecimiento del sistema tributario chileno. Así lo han reconocido usuarios, medios de comunicación, expertos nacionales e internacionales, quienes visualizan de manera positiva el funcionamiento de una institución que busca promover el equilibrio y la justicia tributaria.

Un sistema tributario moderno requiere de normas claras y una administración eficiente. Pero, sobre todo, necesita generar confianzas. Y esa confianza se fortalece cuando las personas saben que sus derechos importan tanto como sus obligaciones tributarias. Es precisamente en ese espacio donde la Defensoría del Contribuyente aporta valor público, promoviendo una relación más cercana, transparente y equilibrada entre los contribuyentes y la administración tributaria, porque fortalecer los derechos también es fortalecer la confianza en el sistema tributario.

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