Expectación absoluta en el mundo ambiental, judicial y económico. Mientras organizaciones ambientales denuncian graves deficiencias técnicas y riesgos para la salud y los recursos hídricos, el Segundo Tribunal Ambiental deberá resolver una disputa que podría redefinir los límites de la evaluación ambiental en Chile.
En una audiencia programada para el próximo 13 de agosto, el Segundo Tribunal Ambiental conocerá los recursos de reclamación presentados por diferentes personas y organizaciones contra el proyecto minero Los Bronces Integrado, de la transnacional AngloAmerican, el cual, a través de este proyecto extiende su funcionamiento hasta el año 2036.
El proyecto, que actualmente se encuentra en ejecución, amplía sus operaciones en las regiones Metropolitana y de Valparaíso. A pesar de que en una primera instancia el Servicio de Evaluación lo haya rechazado, la decisión fue revertida por el Comité de Ministros, quienes estuvieron por aprobarlo. Este escenario trae a colación los cuestionamientos que constantemente se le han hecho a la autoridad evaluadora y a la forma en que ha operado. Cabe recordar que hasta los mismos trabajadores del Servicio de Evaluación Ambiental se manifestaron públicamente, diciendo que muchas veces en la evaluación de impactos ambientales se daba una extensión artificial del proceso “producto de decisiones que se imponen por mera jerarquía por parte de las autoridades que son permeables a la influencia política gubernamental” y no por los criterios técnicos que debieran orientar el actuar del servicio.
Para Cristóbal Rodríguez, vocero Nacional de MODATIMA, este proyecto “debió haber sido rechazado por sus inconsistencias técnicas y por el evidente riesgo para la salud de las personas en las dos regiones más pobladas del país” agregando que “confiamos que los antecedentes técnicos presentados al tribunal son evidencia más que suficiente para frenar una expansión que amenaza significativamente a las generaciones presentes y futuras.”
Cabe señalar que en la etapa final del proceso de evaluación ambiental de Los Bronces Integrado, la propia Subsecretaría de Salud Pública concluyó que los antecedentes técnicos permitían establecer que el proyecto generaría un aumento significativo de material particulado (MP-10), configurando un riesgo para la salud de la población en el área de influencia del proyecto.
En palabras de Karla Vargas, abogada de ONG FIMA, lo que observamos en el caso de Los Bronces Integrado “es un patrón sistemático de deficiencias técnicas que nunca fueron efectivamente subsanadas durante el proceso de evaluación, problemas dados por la determinación arbitraria del área de influencia, una línea de base deficiente, una modelación de calidad del aire que no logra justificarse técnicamente, y, como consecuencia de todo lo anterior, medidas de mitigación y compensación que resultan insuficientes.”
En la Región de Valparaíso, la expansión del proyecto no ha estado exenta de controversias. La iniciativa, cuya inversión asciende a 3.200 millones de dólares, ha sido fiscalizada por la Dirección General de Aguas (DGA) debido a la extracción no autorizada de agua desde uno de los principales afluentes del río Aconcagua.
Es importante mencionar que el río Aconcagua abastece aproximadamente el 60 % del agua potable de las principales ciudades de la región, por lo que las denuncias han generado preocupación respecto del impacto que estas intervenciones podrían tener sobre la disponibilidad del recurso hídrico y la seguridad del suministro para la población. En este sentido Rocío Valdés de Modatima Valparaíso enfatiza: “El agua que viene del Río Aconcagua no sólo riega los campos de los que sale nuestro alimento, sino que también abastece de agua a comunas desde Los Andes hasta Concón, y rellena el Embalse Los Aromos, de donde sale el agua para Valparaíso y Viña del Mar. Si contaminan el agua río arriba, se pone en riesgo la salud de gran parte de la región”
Tanto Rodríguez como Valdés no descartan realizar movilizaciones y concentraciones públicas previo a la audiencia en el Segundo Tribunal Ambiental, considerando la importancia que implica en la disponibilidad de agua en los grandes centros urbanos de la región de Valparaíso y las potenciales afectaciones a millones de personas las dos regiones más pobladas de nuestro país.
