Aunque la emisión de licencias ha disminuido desde que estalló el escándalo, el académico de Derecho UNAB Javier Soto Solís advierte que las falencias estructurales aún no han sido resueltas.
A un año de que la Contraloría General de la República destapara el caso de los funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, el debate sobre las falencias del sistema sigue abierto. Si bien las cifras muestran una importante disminución en la emisión de permisos por incapacidad laboral, para el académico de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Javier Soto Solís, el desafío de fondo continúa pendiente.
El especialista sostiene que la disminución observada no debe interpretarse como una señal de que el sistema haya resuelto sus problemas estructurales.
«Aún estamos más cerca de una respuesta correctiva que de una transformación estructural», afirma.
A juicio del académico, la lentitud con que avanzan las investigaciones administrativas y judiciales responde, en buena medida, a la complejidad jurídica que presentan estos casos.
Soto explica que establecer responsabilidades individuales exige cumplir exigentes estándares probatorios, especialmente cuando es necesario diferenciar entre errores administrativos y conductas dolosas.
«Acreditar responsabilidades individuales, distinguir entre errores administrativos y conductas fraudulentas, y coordinar procedimientos administrativos y judiciales son procesos que exigen altos estándares probatorios y que, por su naturaleza, suelen extenderse en el tiempo», señala.
El académico añade que el principal desafío para el sistema no solo consiste en sancionar las irregularidades detectadas, sino también en avanzar hacia mecanismos permanentes de prevención y control que reduzcan los espacios para el fraude.
En ese contexto, plantea que las medidas de fiscalización implementadas tras el escándalo representan un avance relevante, pero insuficiente si no van acompañadas de reformas capaces de corregir las debilidades estructurales que permitieron que las irregularidades se extendieran durante años.
Para Soto, el fortalecimiento de la coordinación entre los procedimientos administrativos y judiciales, junto con mejores mecanismos de control y prevención, será determinante para recuperar la confianza en el sistema de licencias médicas y asegurar una respuesta más eficaz frente a futuras irregularidades.
