Presentaron al ministro de Seguridad Pública un paquete de iniciativas, varias en segundo trámite constitucional, para fortalecer la protección de las policías, enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado y acelerar la tramitación de proyectos que consideran prioritarios para responder a la principal demanda de los chilenos. Plantearon que si el Gobierno les da urgencia, serán ley muy prontamente. El senador Edwards adelantó que «presentaremos una iniciativa para extender el control preventivo de identidad, porque la responsabilidad penal comienza a los 14 años y no a los 18.
La bancada de senadores de Renovación Nacional dio un nuevo paso para impulsar la agenda de seguridad al presentar este miércoles al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, una batería de propuestas legislativas destinadas a fortalecer el combate contra la delincuencia, reforzar el respaldo a las policías y enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado.
Los senadores Andrea Balladares, Andrés Longton y Rojo Edwards sostuvieron una reunión con el secretario de Estado para entregarle una serie de iniciativas que, a juicio de la bancada, deben transformarse en prioridad legislativa, poniendo especial énfasis en proyectos que ya se encuentran avanzados en el Congreso y que podrían convertirse en ley en el corto plazo con el respaldo del Ejecutivo.
Entre las medidas planteadas figuran el fortalecimiento de la protección a Carabineros y la Policía de Investigaciones, especialmente tras el asesinato del suboficial Marco Cosme en la Región de Los Ríos; el endurecimiento de herramientas para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia rural; el fortalecimiento de la responsabilidad penal adolescente; y la tipificación del ingreso ilegal al país como delito.
El subjefe de bancada, senador Andrés Longton, expresó su agradecimiento «al ministro Arrau por recoger varias de las propuestas que Renovación Nacional ha impulsado en materia de seguridad pública, particularmente aquellas destinadas a fortalecer la protección de nuestras policías. Como autores de la Ley Naín-Retamal, creemos que es necesario avanzar en una agenda Naín-Retamal 2.0, que entregue mayores herramientas, protección jurídica y respaldo político a Carabineros y a la PDI». Explicó que entre las propuestas se considera mejorar la protección de las familias de los funcionarios policiales, fortalecer los ascensos póstumos, endurecer las sanciones contra quienes agreden a las policías y perfeccionar los controles preventivos de identidad, especialmente en sectores con alta incidencia delictual.
El senador RN agregó que «también entregamos al ministro un catálogo de proyectos que estimamos prioritarios y que pueden avanzar rápidamente. Muchos de ellos ya están en segundo trámite constitucional en el Senado y sólo requieren un impulso para convertirse en ley. Entre ellos se encuentran iniciativas que agravan las penas por delitos cometidos en zonas rurales, sancionan con mayor severidad a quienes huyen de controles policiales, endurecen las penas por carreras clandestinas, perfeccionan la tipificación de hurtos y robos por sorpresa, fortalecen la responsabilidad penal adolescente y tipifican como delito el ingreso ilegal al país».
Por su parte, el senador Rojo Edwards afirmó que el país requiere reorientar las prioridades legislativas para responder a la principal demanda ciudadana y sostuvo que «hoy todos debemos estar completamente enfocados en sacar adelante la agenda de seguridad. Es necesario redestinar parte del esfuerzo legislativo que se ha concentrado en otras materias hacia aquellas iniciativas que permitan enfrentar de manera decidida la delincuencia. Por eso entregamos al ministro una propuesta de seguimiento a nueve proyectos que ya se encuentran en segundo trámite constitucional y que pueden avanzar con rapidez».
El senador anunció además que la bancada impulsará un nuevo proyecto de ley para ampliar el control preventivo de identidad. Al respecto, precisó que «presentaremos una iniciativa para extender el control preventivo de identidad a los adolescentes entre 14 y 18 años, porque la responsabilidad penal comienza a los 14 años y no a los 18. Esta herramienta ha demostrado ser eficaz para detener personas que mantienen órdenes de detención vigentes, por lo que creemos que debe ampliarse para fortalecer el combate contra la delincuencia».
