El Gobierno confirmó que vetará la norma aprobada en la megarreforma que elimina el anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses no pagados. El ministro de Hacienda justificó la decisión señalando que mantener la prohibición encarecería el crédito y distorsionaría el mercado financiero, citando al Banco Central y a la Comisión para el Mercado Financiero. La indicación, incorporada casi sin debate técnico en la tramitación legislativa, generó un rechazo poco habitual entre regulador, instituto emisor y banca. Por tanto, bien vale la pena debatir sobre por qué prohibir el anatocismo constituye una mala decisión de política pública, pese a su atractivo aparente para el deudor.
El anatocismo corresponde, en términos técnicos, a la capitalización de intereses. Cuando una cuota vence y no se paga, los intereses devengados se suman al capital adeudado y generan nuevos intereses. El mismo mecanismo opera en sentido inverso en los instrumentos de ahorro, particularmente en los depósitos a plazo renovables, donde la capitalización permite que el rendimiento crezca en el tiempo.
Conviene precisar que una prohibición tan amplia no tiene precedente en la experiencia comparada. Colombia y México tienen algo parecido, sin embargo, es una restricción que rige solo para relaciones civiles entre particulares, ya que sus códigos de comercio permiten la capitalización en las operaciones bancarias, que es donde precisamente la reforma busca intervenir. Otros países, como Argentina o Francia, no prohíben el anatocismo, sino que lo regulan en operaciones específicas. La tendencia internacional dominante es regular la capitalización, más nunca a eliminarla.
La norma se presentó como un «alivio» para los deudores en mora. El argumento tiene lógica puesto que, si no se capitalizan los intereses impagos, la deuda crece más lento. Sin embargo, el Banco Central advirtió que el efecto probable es el contrario, puesto que, al no poder recuperar ese costo mediante capitalización, las entidades financieras lo incorporarán de forma anticipada en la tasa y en la cuota inicial de todos los créditos, incluidos los de quienes pagan puntualmente. El riesgo no desaparece, cambia de lugar y se reparte entre todos.
El efecto sobre el ahorro ha quedad fuera del debate, aunque no es menor. La banca precisa que los depósitos a plazo renovables, instrumento de ahorro habitual en hogares de clase media, dependen de la capitalización para mantener su rentabilidad. Prohibir el anatocismo, tal y como está la norma, no distingue entre deudores y ahorrantes, por lo tanto, afecta a ambos lados de la ecuación.
La propia CMF, que por definición legal vela por la estabilidad del sistema financiero, ha sido contraria a esta prohibición, calificando la medida como un atentado contra las finanzas del país. También se sabe que los argumentos técnicos presentados por la CMF no fueron acogidos durante la tramitación.
En mi opinión, eliminar el anatocismo confunde populismo regulatorio con protección real al consumidor financiero. Los problemas de fondo, la falta de información sobre tasas, la ausencia de límites claros a la capitalización y el llamado olvido financiero, se resuelven con regulación específica y transparencia, no con una prohibición general que encarece el crédito y reduce el ahorro de todos.
