La Bancada del Partido Nacional Libertario presentó oficios al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio de Justicia para fiscalizar el financiamiento, los beneficios tributarios y el cumplimiento de los fines legales de ambas organizaciones, tras su participación ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en la que declararon la existencia de trabajo forzoso en algunas áreas productivas, en un proceso que culminó con la imposición de un arancel adicional de 12,5% a las exportaciones chilenas.
La Bancada del Partido Nacional Libertario (PNL) ingresó este martes dos oficios de fiscalización dirigidos al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al Ministerio de Justicia, con el fin de solicitar que se investigue a la Fundación Libera y al Centro Ecoceanos. La petición busca establecer el origen de los recursos que financian a ambas organizaciones, determinar si han accedido a beneficios tributarios y verificar si las actuaciones que realizaron ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos se ajustan a los fines para los cuales fueron constituidas y de verificarse irregularidades, cancelar la personalidad jurídica de estas ONGs.
Al respecto, la diputada Paulina Muñoz, sostuvo que la actuación de ambas organizaciones afectó la imagen internacional del país y hace indispensable transparentar el origen de sus recursos. «Como Partido Nacional Libertario repudiamos de forma tajante que estas dos ONG hayan ido a mentir literalmente y descaradamente y a enlodar el honor y el prestigio de nuestro país a nivel internacional exponiendo a través de mentiras hechos que no tienen ninguna fundamentación relacionados con el trabajo forzoso que ellos declararon que había en la salmonicultura y en la agricultura y eso es completamente falso». Asimismo, señaló que «hemos instruido oficios al Ministerio de Justicia y a Impuestos Internos porque nosotros presumimos que estas ONG reciben recursos del extranjero para detener proyectos, detener la actividad económica y obstaculizar completamente el desarrollo de nuestro país», reiterando además el llamado al Ejecutivo a otorgar urgencia al proyecto de ley que obliga a transparentar el financiamiento extranjero de las ONG domiciliadas en Chile.
Por su parte, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario y subjefe de Bancada, diputado Hans Marowski, afirmó que los organismos fiscalizadores deben esclarecer si ambas entidades actuaron dentro del marco que establece la ley y bajo qué mecanismos financian sus actividades, señalando que «la finalidad de estos oficios presentados por la diputada Muñoz al Ministerio de Justicia y al Servicio de Impuestos Internos es que fiscalicen a la Fundación Libera y al Centro Ecoceanos para saber si actuaron dentro de sus fines legales, de dónde provienen sus recursos y si han accedido a beneficios tributarios. No podemos aceptar que ONG salgan al extranjero a perjudicar a Chile mientras aquí nadie sabe quién las financia ni cómo opera ni con qué objetivo».
En el oficio dirigido al Servicio de Impuestos Internos, la Bancada del PNL solicita que se de cuenta del régimen tributario de ambas organizaciones, las franquicias o exenciones de las que han sido beneficiarias, conocer el origen de las donaciones nacionales y extranjeras que han recibido y la existencia de eventuales procesos de fiscalización. En paralelo, el requerimiento enviado al Ministerio de Justicia solicita verificar el cumplimiento de sus obligaciones legales, estatutarias y contables, además de determinar si las actuaciones desplegadas ante la USTR son compatibles con los fines específicos establecidos en sus estatutos.
La presentación de ambos oficios se produce luego de que Estados Unidos aplicara un arancel adicional de 12,5% a las exportaciones chilenas, en el marco de una investigación sobre trabajo forzoso. Si bien la propia resolución de la USTR no sostiene que Chile exporte bienes producidos bajo esa condición ni identifica productos específicos afectados por esa práctica, la Bancada del Partido Nacional Libertario estima necesario esclarecer el financiamiento y el actuar de las organizaciones que participaron en ese proceso internacional, considerando el grave impacto que la decisión tiene sobre sectores relevantes de la economía nacional.
