Presidente del Instituto expuso ante la Comisión de Transportes del Senado una serie de propuestas para perfeccionar la iniciativa legal. La sesión concluyó con el acuerdo de conformar una mesa técnica liderada por el Ministerio de Transportes para incorporar las observaciones formuladas por jueces, municipios y organismos especializados.
El presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL), Francisco Ríos, presentó ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, en Valparaíso, una serie de propuestas para perfeccionar el proyecto que modifica la Ley N.º 18.290 de Tránsito con el propósito de tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos.
La moción parlamentaria busca fortalecer las herramientas legales para enfrentar maniobras de alto riesgo y disminuir la ocurrencia de siniestros viales, respondiendo a las dificultades que ha presentado la actual legislación sobre carreras no autorizadas. Entre otras materias, propone endurecer las sanciones penales y administrativas, ampliar las causales de decomiso de vehículos, fortalecer la suspensión o cancelación de licencias de conducir y establecer criterios objetivos para sancionar conductas peligrosas.
Durante su exposición, Ríos sostuvo que el proyecto representa una oportunidad para recuperar el verdadero propósito de las vías públicas y avanzar hacia una legislación más clara y efectiva.
«Lo primero que hay que relevar como principio básico es que las vías públicas y la infraestructura destinada a los servicios de transporte deben cumplir el objetivo para el cual fueron concebidas. Toda conducta que aparte a las vías de ese destino debe ser sancionable y, desde ese punto de vista, avanzar hacia normas objetivas me parece fundamental».
En esa línea, el presidente del INJPL manifestó el respaldo del Instituto a reemplazar el concepto de «carreras clandestinas» por «carreras no autorizadas», argumentando que el nuevo concepto entrega mayor certeza jurídica y facilita la aplicación de la norma. Asimismo, valoró que la iniciativa elimine elementos subjetivos para sancionar este tipo de conductas.
Respecto de la competencia de los tribunales, Ríos planteó que los Juzgados de Policía Local pueden desempeñar un rol más relevante en aquellos casos donde no existan lesiones ni víctimas fatales, aprovechando su especialización en materias de tránsito.
«Por principio de especialidad, creo que los Juzgados de Policía Local podemos aportar mucho más en esta materia. Ya solamente con dejar un vehículo a disposición de la Fiscalía y no entregarlo de inmediato, las personas perciben que existe una consecuencia concreta. Esa experiencia práctica es la que creemos que puede aportar nuestra especialización».
En el documento entregado a la Comisión, el INJPL propone que la conducción temeraria básica —sin resultado de lesiones ni daños— sea conocida por los Juzgados de Policía Local, estableciendo multas severas al propietario inscrito que facilite este tipo de conductas. Asimismo, plantea que dichas sanciones se incorporen al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas para asegurar su cobro junto al permiso de circulación, manteniendo la posibilidad de acreditar oportunamente el robo o la sustracción del vehículo como causal de exención de responsabilidad.
Respecto de las sanciones penales, el Instituto respaldó el endurecimiento de las penas contempladas en la iniciativa, especialmente cuando la conducción temeraria provoque lesiones graves o la muerte, proponiendo además que las penas privativas de libertad sean de cumplimiento efectivo.
«Nosotros proponemos cumplimiento efectivo. Creo que una pena efectiva puede ser mucho más disuasiva que una sustitutiva. Hay personas que participan reiteradamente en estas conductas y tener antecedentes penales no necesariamente representa una sanción suficiente».
Asimismo, el INJPL propuso incorporar agravantes cuando estas conductas se desarrollen en las inmediaciones de establecimientos educacionales, centros de salud, zonas urbanas de alta afluencia de personas y autopistas concesionadas.
Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones
Otro de los aspectos abordados por Francisco Ríos fue la implementación del sistema automatizado CATI (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones). A juicio del presidente del Instituto, condicionar parte importante de la fiscalización a una plataforma que aún no entra en funcionamiento podría afectar la eficacia de la futura legislación.
«Si esta parte del proyecto queda supeditada al sistema CATI, que todavía no está operativo, esa disposición puede transformarse en letra muerta. Mientras eso ocurre, sería más efectivo aprovechar herramientas que hoy ya utilizan los municipios para fiscalizar este tipo de conductas».
Finalmente, Ríos llamó a aprovechar la discusión legislativa para perfeccionar técnicamente el proyecto y construir una normativa que pueda aplicarse de manera efectiva.
«Nos preocupa que la futura legislación sea realmente aplicable. La oportunidad está en construir una norma objetiva, técnicamente sólida y que permita actuar con rapidez frente a conductas que ponen en riesgo la vida de las personas”.
Mesa técnica
Tras escuchar las exposiciones, la presidenta de la Comisión de Transportes del Senado, Camila Flores, valoró los planteamientos realizados durante la sesión y anunció la conformación de una mesa técnica liderada por el Ministerio de Transportes para perfeccionar el proyecto.
«Lo que se nos ha propuesto, y me parece bien sensato, es poder avanzar también en una mesa técnica encabezada por el Ministerio. Este proyecto tiene complejidades operativas no menores y queremos que la norma quede lo mejor posible y, como ha dicho el magistrado, no sea letra muerta».
La parlamentaria agregó que dicha instancia deberá considerar la realidad de las comunas rurales y de menor disponibilidad tecnológica, para asegurar una aplicación efectiva de la futura legislación en todo el país.
Por su parte, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, manifestó el respaldo del Ejecutivo a la conformación de la mesa técnica y comprometió la participación de la cartera en el proceso. «Hay consenso en la necesidad de avanzar en este proyecto, que tiene por objetivo salvar vidas».
La autoridad estimó que un plazo de entre uno y dos meses permitiría reunir a los distintos actores para consensuar mejoras al texto legal y revisar aspectos como el uso de nuevas tecnologías, la fiscalización automatizada y mecanismos más eficaces para sancionar estas conductas.
