La Contraloría General detectó diversas falencias en los mecanismos de fiscalización, supervisión y control aplicados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a las operaciones de ambulancia aérea realizadas durante 2023 y 2024.
Así lo constató el Informe Final de Investigación Especial N°777 de 2025, que tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa aeronáutica aplicable a las empresas, aeronaves y personal involucrados en el servicio de ambulancia aérea.
Entre los principales hallazgos, se constató que quince vuelos fueron realizados por pilotos y copilotos que no estaban registrados en los respectivos Manuales de Operación de las empresas que entregan este tipo de servicios.
Asimismo, seis aeronaves efectuaron un total de 581 viajes sin estar incorporadas en los manuales de las compañías del rubro y otras seis efectuaron siete vuelos como ambulancia aérea, sin que estas consideraran dicha operación en el documento denominado “Especificaciones Relativas a las Operaciones”.
Siete vuelos sin acreditar motivo
Adicionalmente, se verificó que siete vuelos no contaban con antecedentes que acreditaran su carácter de ambulancias aéreas y que dos traslados presentaban inconsistencias entre sus registros y la base de datos de la DGAC, impidiendo comprobar el motivo del viaje, los pasajeros y el cumplimiento de la normativa aplicable, incrementando el riesgo de que este tipo de operaciones se realice para finalidades irregulares o no sujetas a la normativa.
Además, otros 26 presentaron incumplimientos en requisitos asociados a seguros aeronáuticos o autorizaciones sanitarias exigidas por la normativa sectorial.
A la luz de todos estos antecedentes la Contraloría instruyó a la institución ejercer de manera efectiva y permanente sus facultades de control, supervisión y fiscalización sobre estas operaciones, además de adoptar las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias que correspondan para resguardar la seguridad operacional y de vuelo.
Finalmente, la DGAC deberá iniciar un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos constatados y comunicar a la Contraloría las acciones adoptadas en un plazo de 15 días hábiles.
