En el Juzgado de Garantía de Valparaíso se desarrolló durante esta jornada la audiencia de formalización en contra de Jorge Eduardo Cádiz Cádiz, imputado como autor de un delito de lesiones graves, tras una discusión ocurrida la tarde de ayer entre un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), un funcionario de Gendarmería de Chile y una mujer, que terminó con una herida balística en la pierna del segundo sujeto, en el sector de Playa Ancha.
La magistrada Jeanette Oliva, a cargo de la audiencia de formalización, rechazó la petición de la Fiscalía para aplicar medidas cautelares al funcionario de la PDI, ya que estimó que en esta etapa procesal hay antecedentes que “hacen plausible la teoría que ha alzado la defensa en esta audiencia de una legítima defensa privilegiada”.
La jueza consideró que en cuanto al hecho que “la misma mujer reconoce que hubo un tironeo entre ella y la víctima, de modo tal que a vista de terceros, evidentemente, podía la persona que está presente aquí en la sala, como resultado, pensar racionalmente que podía haber ahí algún tipo de agresión o un tipo de amenaza hacia la integridad de ella”.
Además, la titular del Juzgado de Garantía de Valparaíso hizo hincapié en que por este mismo hecho el imputado consultó por el estado de la mujer al acercarse a ambos. “(El imputado) intervino preguntando varias veces, porque la propia testigo reconoce que varias veces le preguntó si se encontraba bien, lo cierto es que la mujer le decía que se encontraba bien, pero todos sabemos, los que estamos acá, que muchas veces las víctimas de violencia de género evitan señalar los problemas que están sufriendo en ese momento porque saben que después puede haber consecuencias si hablan”, declaró.
“La intervención del señor Cádiz simplemente era para verificar que la mujer que estaba ahí en este forcejeo se encontrara bien, y es así que, claro, puede haber problema de espacio temporal en cuanto a quién sacó primero el arma, pero aquí, efectivamente, la propia mujer reconoce que los dos se habían golpeado, pero reconoce en todo caso que también la víctima había golpeado al imputado. Lo cierto es que, con la presencia de un funcionario con un alto grado dentro de lo que es la institución de la Policía de Investigaciones de Chile, no cabe sino pensar que no se va a sustraer a las actuaciones del procedimiento, porque eso le significaría, incluso, sanciones administrativas y disciplinarias”, concluyó la jueza.
Tras la audiencia, la magistrada ordenó la libertad del imputado y fijó el plazo de investigación para esta causa en 90 días.
