La Fiscalía SAC de Antofagasta formalizó al ex gerente y director ejecutivo del Centro de Investigación Científica y Tecnológica para la Minería (CICITEM), Rubén Rojo Maturana, por los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y privados, y administración desleal, en el marco de una investigación por la presunta sustracción y utilización indebida de recursos de esta corporación.
El ex ejecutivo fue trasladado al Juzgado de Garantía en calidad de detenido, luego que ayer no se presentara a la audiencia de formalización y, por lo mismo, se emitiera una orden de captura en su contra, ejecutada momentos más tarde por la PDI.
De acuerdo a los antecedentes expuestos ante el tribunal, entre los años 2022 y 2025, el imputado, quien tenía bajo su responsabilidad la administración y disposición de fondos de CICITEM, habría transferido desde cuentas institucionales a sus cuentas personales, en más de 300 operaciones, una suma de al menos $729 millones.
Los recursos correspondían a fondos fiscales recibidos por CICITEM, principalmente a través de convenios suscritos con el Gobierno Regional de Antofagasta y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
Según la investigación, parte importante de las transferencias se realizaron mediante operaciones cuyos montos fluctuaban entre los $3 millones y $6 millones, registrándose más de 105 operaciones de estas características durante el periodo investigado.
A ello se suma que el imputado habría utilizado para fines particulares tarjetas de crédito pertenecientes a CICITEM, principalmente en casinos de juegos.
La Fiscalía también imputó al exejecutivo la contratación de un crédito bancario por $180 millones a nombre de CICITEM, operación que, según los antecedentes expuestos, habría sido utilizada para intentar cubrir parte de los fondos previamente sustraídos.
El crédito fue posteriormente prorrogado y reestructurado, generando nuevas obligaciones para la corporación, situación que a la postre habría provocado un perjuicio patrimonial significativo para la entidad.
Con estos antecedentes, la Fiscalía atribuyó al imputado, responsabilidad como autor del delito reiterado y consumado de malversación de caudales públicos y privados, además de un delito consumado de administración desleal.
Por petición del Ministerio Público, el imputado quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga, con un plazo de investigación de 90 días.
