La normativa evitó la circulación de más de 13.600 millones de bolsas plásticas de un solo uso y cambió los hábitos de compra de los chilenos. Sin embargo, especialistas advierten que el siguiente paso requiere fortalecer la investigación, el ecodiseño y el desarrollo de nuevos materiales sostenibles desde la academia.
Ocho años después de la entrada en vigencia de la Ley 21.100, que prohibió la entrega de bolsas plásticas en el comercio, Chile muestra resultados que posicionan esta política pública como una de las iniciativas ambientales más exitosas de la última década. La medida no solo redujo significativamente el consumo de plásticos de un solo uso, sino que también impulsó un cambio cultural en la ciudadanía
Según cifras del Ministerio del Medio Ambiente, la ley ha evitado la circulación acumulada de más de 13.600 millones de bolsas plásticas desechables, impidiendo que más de 100 mil toneladas de plástico llegaran al medio ambiente. Además, esta disminución representa cerca de 200 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e), una reducción comparable al abastecimiento de energía limpia para más de 85 mil hogares durante un año o al retiro de circulación de más de 45 mil vehículos particulares.
Así lo analiza Javier Viveros, director de Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello. “La normativa también modificó los hábitos de consumo de la población. Estudios de percepción ambiental
muestran que más del 90% de los chilenos valora la prohibición y que más del 80% incorporó la costumbre de llevar bolsas reutilizables al momento de realizar sus compras”, explica.
Lo que aún falta por hacer
Sin embargo, este cambio también evidenció nuevos desafíos. “La compra frecuente de bolsas reutilizables por olvido ha provocado que siete de cada diez consumidores adquieran nuevas bolsas de friselina o polipropileno, materiales que requieren decenas de usos para compensar el impacto ambiental asociado a su fabricación. En muchos casos, estas bolsas terminan acumulándose en los hogares sin alcanzar la vida útil necesaria para ser realmente sostenibles”, detalla Viveros.
Este escenario demuestra que la Ley 21.100 cumplió con éxito su principal objetivo, que es reducir el uso de bolsas plásticas de un solo uso en los puntos de venta. No obstante, el siguiente desafío
consiste en avanzar hacia etapas más complejas de la economía circular, potenciando el reúso efectivo de los productos y el rediseño de los materiales que los reemplazan.
En este contexto, la academia adquiere un rol estratégico para desarrollar las soluciones que el país necesita. La formación de profesionales con competencias en ecodiseño, ciencia de materiales,
innovación y modelos de negocios circulares será clave para responder a los nuevos desafíos ambientales y fortalecer la transición hacia una economía más sostenible.
«La Ley de Bolsas Plásticas marcó un antes y un después porque demostró que las políticas públicas pueden modificar positivamente los hábitos de la ciudadanía. Hoy el desafío ya no es solo reducir el consumo de plásticos, sino diseñar alternativas que realmente sean sostenibles durante todo su ciclo de vida», señala la autoridad UNAB
El director concluye que la innovación debe surgir del trabajo conjunto entre la academia, el Estado y el sector productivo. «La conciencia ambiental ya está instalada en la ciudadanía. Ahora
corresponde avanzar hacia soluciones basadas en evidencia científica y desarrollo tecnológico local, capaces de responder a las necesidades del país y consolidar una verdadera economía circular», finaliza.
