La violencia que vemos en los establecimientos educacionales es una realidad que no podemos minimizar. Cuando una comunidad educativa normaliza las agresiones, cuando un profesor teme entrar a una sala o cuando un estudiante ingresa con un arma, el Estado tiene la obligación de actuar. Por eso es positivo que el proyecto de Escuelas Protegidas busque entregar mayores herramientas para resguardar a quienes estudian y trabajan en nuestros colegios.
También valoramos que durante su tramitación el diálogo y la cordura, hayan quedado fuera algunas de las medidas más extremas. La seguridad de las comunidades educativas no puede construirse a costa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ni convirtiendo los colegios en espacios dominados por una lógica policial o exclusivamente punitiva.
Sin embargo, el proyecto sigue teniendo una deuda importante: sabemos qué hacer cuando la violencia ya llegó a la escuela pero actuamos con lo que sabemos para evitar que llegue hasta ella.
Revisar una mochila puede impedir el ingreso de un objeto peligroso. Una sanción puede responder frente a una agresión. Son herramientas que pueden ser necesarias en determinadas circunstancias. Pero ninguna explica por qué un niño o niña decidió llevar un arma al colegio, qué ocurrió antes en su vida, qué señales no vimos o qué apoyo no recibió a tiempo.
Y es que la violencia no nace en la escuela: muchas veces se expresa y estalla en ella. Los niños y niñas llegan a las salas de clases con las experiencias violentas que viven en sus hogares, barrios y entornos digitales. Y esas realidades no pueden quedar fuera de la discusión sobre seguridad escolar.
El Levantamiento de Necesidades 2025 de World Vision Chile, realizado con niños, niñas y adolescentes de Cerro Navia, Alto Hospicio, Coronel y Temuco, mostró que el 51,6% de los participantes nunca o solo a veces se siente seguro en su propio barrio. Violencia en espacios públicos, consumo de drogas, robos, balaceras y deterioro de los espacios urbanos aparecen entre sus preocupaciones. Cuando les preguntamos qué necesitan, ellos mismos hablan de mayor seguridad, espacios para jugar y recrearse, oportunidades de participación y apoyo a su salud mental.
Es difícil pretender que esas experiencias desaparezcan simplemente cuando cruzan la puerta de su escuela.
Por eso necesitamos una verdadera política de prevención: fortalecer los equipos de salud mental y apoyo psicosocial; formar a las comunidades educativas para detectar tempranamente cambios de conducta y señales de riesgo; disponer de mecanismos seguros de denuncia; promover la mediación y prácticas restaurativas; involucrar a las familias y contar con protocolos efectivos de derivación hacia las redes de salud y protección.
Prevenir también exige escuchar a los propios niños y adolescentes. No podemos diseñar políticas de seguridad para ellos sin incorporar su experiencia sobre la violencia, el miedo y los espacios en que se sienten protegidos.
Necesitamos colegios capaces de actuar cuando existe una amenaza. Pero, sobre todo, necesitamos familias y comunidades capaces de detectar, escuchar y acompañar a los niños y niñas mucho antes de que esa amenaza exista.
El proyecto de Escuelas Protegidas es una reacción que llega tarde. Mientras no avancemos con la misma decisión en prevenir, nuestra política de bienestar de la niñez, y por ende, de seguridad escolar seguirá estando coja.
