FENADAJ advierte que los cargos sin proveer aumentan la sobrecarga de los equipos, mientras 681 funcionarios trabajan bajo las 40 horas y la demanda jurídica anual supera los 7,6 millones de personas.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) alertó por el creciente número de cargos vacantes y la demora en sus reemplazos en las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), advirtiendo que esta situación está afectando la capacidad de respuesta del servicio y trasladando la carga de trabajo a los funcionarios que permanecen en sus puestos.
La organización señala que esta problemática se suma a una subdotación histórica: Según cifras recabadas por FENADAJ, se identifican 681 funcionarios a nivel nacional con jornadas inferiores a 40 horas, mientras se requieren más de 41 mil horas semanales adicionales para completar esas jornadas.
“Una silla vacía en una Corporación de Asistencia Judicial no es solamente un puesto de trabajo que queda sin ocupar. Es un abogado que no está atendiendo una causa, un trabajador social que no puede realizar una intervención, un administrativo que no puede sostener la gestión de un centro y, finalmente, una persona que debe esperar más para acceder a justicia”, sostuvo Victoria Escalante, presidenta de FENADAJ.
La organización gremial advierte que esta situación ocurre mientras la demanda jurídica continúa creciendo: las personas adultas con necesidades jurídicas anuales estimadas aumentaron de 7,23 millones en 2022 a 7,64 millones en 2026, un alza de 5,7%.
“No se puede fortalecer el acceso a la justicia debilitando a quienes hoy sostienen la atención. Cada cargo que permanece vacante tiene un impacto directo en los usuarios”, enfatizó Escalante, llamando al Ministerio de Justicia a abordar la reposición de cargos y los reemplazos no sólo en el marco del Presupuesto 2027, sino además en los meses que restan de este 2026.
Una brecha que el nuevo Servicio todavía no resuelve
Sobre la transición al nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, FENADAJ identifica una brecha de dotación base histórica que no queda resuelta con el financiamiento contemplado para la nueva institucionalidad.
La Federación señala que los recursos adicionales considerados para el nuevo Servicio se concentran principalmente en las nuevas oficinas de víctimas y en la estructura directiva y administrativa central, pero no contemplan un aumento de profesionales y administrativos para los centros jurídicos sociales ni para las líneas especializadas que actualmente sostienen las Corporaciones.
“Estamos frente a una contradicción que debe ser corregida. Se está construyendo un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, pero se mantiene una parte importante de la estructura que sostiene actualmente la atención funcionando con déficit de personal”, plantea FENADAJ.
