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FENATRAMA exige participación de los trabajadores ante eventual reforma al Estatuto Administrativo

La División formalizó su compromiso con la Mesa Empresarial Público-Privada de Capacitación y Empleo Local, instancia que reúne a empresas, municipios, SENCE, ASIVA y programas públicos, aportando planes de formación propios para estudiantes técnico-profesionales, pescadores y habitantes de Quintero y Puchuncaví.

La Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente respaldó el trabajo de la ANEF ante la instalación de una mesa técnica y llamó al Gobierno a garantizar un diálogo efectivo con las organizaciones de funcionarios. Advirtió que cualquier modificación al Estatuto Administrativo, los PMG o los sistemas de incentivos deben fortalecer, y no debilitar, la función pública.

La Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA) manifestó su respaldo al trabajo que desarrolla la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) frente a la implementación de una mesa técnica destinada a abordar una eventual modificación del Estatuto Administrativo, así como cambios a los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y a los mecanismos de incentivo institucional.

Desde la organización señalaron que existe disposición a participar en un proceso de diálogo y aportar desde la experiencia de los trabajadores públicos, pero subrayaron que cualquier reforma que afecte sus derechos y condiciones laborales debe contar con la participación efectiva de sus organizaciones representativas.

“Modernizar el Estado no significa debilitar los derechos de sus trabajadores ni precarizar el empleo público. Si se quiere fortalecer al Estado, se debe contar con quienes todos los días sostienen los servicios públicos y cumplen sus funciones frente a la ciudadanía”, sostuvo el presidente de FENATRAMA, Francisco Cabrera.

La Federación enfatizó que el Estatuto Administrativo no puede ser entendido únicamente como una herramienta de gestión, mientras que los sistemas de incentivos institucionales tampoco deben transformarse exclusivamente en variables de ajuste fiscal.

A juicio de las y los dirigentes, estos instrumentos forman parte de las condiciones necesarias para garantizar una función pública profesional, estable y orientada a responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.

Impacto en las capacidades ambientales del Estado

Francisco Cabrera planteó que la discusión adquiere una especial relevancia en el ámbito medioambiental, debido a que las condiciones laborales y la estabilidad de los funcionarios tienen una relación directa con las capacidades del Estado para cumplir sus obligaciones.

“Un Estado con funcionarios sobrecargados, con menores condiciones laborales o con una carrera funcionaria debilitada también es un Estado con menores capacidades para fiscalizar, evaluar, proteger el medio ambiente y responder adecuadamente a las demandas de la ciudadanía”, advirtió el dirigente.

En este sentido, FENATRAMA sostuvo que cualquier proceso de modernización debe considerar las consecuencias que eventuales cambios en la carrera funcionaria, los incentivos o las condiciones de empleo puedan generar sobre la capacidad de los servicios públicos para cumplir sus objetivos.

Llamado al diálogo social

FENATRAMA respaldó el llamado de las organizaciones del sector público a respetar las instancias formales de negociación y diálogo social, planteando que las modificaciones al Estatuto Administrativo, los PMG u otros instrumentos que incidan en los derechos de los funcionarios deben ser discutidas con sus legítimos representantes.

La Federación hizo un llamado al Gobierno a generar espacios de conversación y diálogo efectivo antes de avanzar en eventuales modificaciones, con el objetivo de construir propuestas que permitan modernizar y fortalecer el Estado sin precarizar el empleo público.

FENATRAMA señaló finalmente que permanecerá atenta al desarrollo de esta discusión y participará activamente en ella, defendiendo los derechos de los trabajadores, la función pública y las capacidades del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía y, particularmente, a los desafíos de protección del medio ambiente.

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