La diputada republicana Macarena Santelices y los legisladores PDG Roberto Arroyo y Patricio Briones advirtieron que la estrechez fiscal que atraviesa el país obliga a ser implacables con el resguardo de los recursos públicos. Los parlamentarios exigieron una investigación a fondo y castigos ejemplares frente a posibles hechos de malversación.
Integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados manifestaron su total respaldo a la acción judicial interpuesta por el Ministerio del Deporte (Mindep) ante el Ministerio Público, debido a presuntas irregularidades financieras y administrativas detectadas en el proceso de cierre y liquidación de la Corporación Santiago 2023.
Los parlamentarios coincidieron en que el actual escenario de estrechez fiscal y crisis económica que atraviesa el país obliga a ejercer un control estricto sobre los fondos fiscales. En ese sentido, enfatizaron que cualquier sospecha de malversación o negligencia en el uso de estos recursos debe ser investigada a fondo y castigada con todo el peso de la ley.
La diputada del Partido Republicano, Macarena Santelices, valoró la apertura de esta instancia judicial para esclarecer el destino de los recursos del evento polideportivo. «Recibimos de muy buena manera la denuncia interpuesta por las autoridades del deporte. La crisis económica de hoy nos obliga a ser implacables con el resguardo de los recursos fiscales. Los Juegos Panamericanos fueron un orgullo, pero su gestión financiera debe ser intachable. Respaldamos que se abra esta instancia, que se fiscalice de manera estricta y se investigue a fondo. Llegaremos hasta el final para determinar responsabilidades», afirmó la legisladora.
Por su parte, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Roberto Arroyo, apuntó a la necesidad de transparencia absoluta de cara a la ciudadanía y al establecimiento de castigos ejemplares si se comprueban delitos. «La acción tomada por el ministerio del Deporte es una señal correcta que respaldamos decididamente. Cuando el país enfrenta un escenario económico complejo, no podemos permitir la más mínima duda sobre el destino de los fondos destinados al deporte. La Corporación Santiago 2023 debe rendir cuentas claras de cara a la ciudadanía, por lo que apoyamos que se investigue hasta las últimas consecuencias. La justicia debe actuar con total independencia y rigurosidad, porque frente a la corrupción o la negligencia, la regla debe ser una sola, establecer sanciones ejemplares para los responsables», sostuvo Arroyo.
En tanto, su par de bancada, el diputado PDG Patricio Briones, recalcó que la protección del erario nacional constituye un deber moral ineludible en las condiciones financieras actuales del Estado. «Valoramos la denuncia presentada por el Ministerio del Deporte, ya que en momentos de estrechez fiscal como los que atraviesa nuestro país, cada peso público debe cuidarse con celo extremo. Cualquier medida que apunte a fiscalizar y transparentar el uso de los recursos del Estado no solo es bienvenida, sino que es un deber moral. Aquí no hay espacio para la complacencia, exigimos una investigación a fondo y que caiga quien caiga, sin importar su color político ni el cargo que haya ocupado», concluyó Briones.
Los miembros de la instancia legislativa aseguraron que realizarán un seguimiento exhaustivo al avance de las indagatorias de la Fiscalía y no descartaron activar nuevas herramientas fiscalizadoras desde la Cámara si los antecedentes del caso lo ameritan.
